¿Quién se mueve?
Soy magistrado, uno de los 36 candidatos a vocal del Consejo General del Poder Judicial. Fui elegido por mis compañeros en julio de 2006, elegido por la asociación Jueces para la Democracia. El noviembre de 2006 los actuales vocales debían cesar y el Parlamento tenía que seleccionar a 12 miembros del nuevo Consejo de entre los 36 candidatos. Además, Congreso y Senado debían completar la lista con 8 juristas de reconocido prestigio que conformarían el número final de 20 vocales.
El clima político hacía previsible un proceso complejo de renovación, incluso que el proceso pudiera quedar comprometido por distintos procesos electorales. Era razonable la prudencia para que los grupos parlamentarios pudieran fraguar un consenso imprescindible ya que el nuevo Consejo necesita del voto favorable de 3/5 de las cámaras.
Cuando en el año 2001 se firmó el Pacto de Estado para la Administración de Justicia y los partidos decidieron modificar el sistema de elección de los vocales matizando el sistema de elección de directamente por el Parlamento, permitiendo que los jueces hiciera una previa propuesta de candidatos por medio de votaciones en el seno de las asociaciones y avales respecto de los jueces y magistrados no asociados - más de un 50% de la carrera judicial no pertenece a ninguna asociación -, fui de los que celebré el pacto, ya que entendía que esta fórmula híbrida, que no terminaba de satisfacer a nadie, podría servir para normalizar un órgano constitucional muy desprestigiado ante la opinión pública, con una trayectoria convulsa y tensa. Ese Pacto y las reformas que trajo a la Ley Orgánica del Poder Judicial permitían que el Consejo pudiera trabajar superando las crisis de legitimación que arrastraba casi desde sus primeros pasos.
Llevo más de un año en esa atípica situación de candidato de una asociación progresista que, ante los medios de comunicación, suele identificarse con las posiciones del actual gobierno. Pensé que durante estos meses se articularía algún sistema para que quiénes debían realizar la elección pudieran contrastar mis opiniones y proyectos, conjugándolos con los de los otros 35 electos. Creí que sería necesario ordenar mi currículo profesional, mis méritos y mi experiencia en el ámbito de la política judicial. Incluso entendía necesario conocer y debatir con otros candidatos incluso ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Actualicé algunas notas sobre acceso a la carrera judicial, la formación de los jueces, su régimen disciplinario, la supresión de categorías en la carrera, la conciliación de la vida familiar y profesional de los magistrados, el papel del Consejo en la defensa de la independencia de los jueces, las relaciones entre el Consejo y el Gobierno ... Pensé que esas notas podrían ser de interés para alguien.
Dieciséis meses después todo ese esfuerzo ha quedado reducido a una simple cuota. Da lo mismo que se hubiera movilizado más del 80% de los jueces en la selección de candidatos. Da igual el proyecto que pueda respaldar cada asociación o las cualidades profesionales de los seleccionados. Al final todos hemos quedado reducidos a una cuota, a una hipotética vinculación acrítica a uno u otro partido político, un peón más en una complicada red de pesos y contrapesos, de estrategias y tácticas, primero ante las pasadas elecciones municipales, después ante las futuras generales.
Durante estos meses muchos compañeros han terminado por mirarme con recelo, sin duda porque consideran que son cómplice del mercadeo, que mi silencio pueda ser recompensado con una vocalía quinquenal. Cuesta mucho pensar que durante estos meses los políticos que han llevado la negociación desde "uno u otro lado de la trinchera". No se hayan parado a pensar en el grado de independencia que los candidatos, su compromiso con los valores constitucionales que deben inspirar el funcionamiento del poder judicial, no hayan sido capaces de identificar a los 12 jueces más idóneos entre los 36 que fueron preseleccionados, idoneidad que conectara con esos valores de independencia, integridad, respeto por los derechos fundamentales, por las garantías procesales, compromiso con la ciudadanía no reñido con la defensa una judicatura joven, cualificada, trabajadora, bastante apegada a la realidad social de los conflictos sociales y culturales que debe solventar. Una judicatura que en su conjunto goza de una imagen nefasta a la que episodios como la de la actual renovación del Consejo y su entorno ayudan muy poco a prestigiar.
Cuesta mucho pensar que no hay 12 candidatos aptos de entre los 36 que seleccionó la judicatura y que esos 12 candidatos no pueden complementarse con 8 juristas íntegros, de prestigio suficiente como para sacar la institución de su actual situación de hastío.
Si todo queda reducido a una cuota o porcentaje de poder, al color de una camiseta o la adscripción a un partido por encima de cualquier otro valor o principio, si los partidos políticos no son capaces de realizar esa tarea de elección comprenderán que en ocasiones cunda el desánimo y resuene en muchos oídos una frase de gran tradición en la política española: "quien se mueva no sale en la foto". Sin duda es el momento de decir que si no me van a dejar mover prefiero no salir en la foto.
José M. Fernández Seijo es magistrado y candidato a vocal del CGPJ.
