Zapatero rechaza negociar con Ibarretxe el plan soberanista para Euskadi por ilegal
El Gobierno socialista impedirá "por todos los medios" lo que ya considera un "plan Ibarretxe II abocado al fracaso". El Ejecutivo no permitirá la celebración del doble referéndum sobre el derecho a decidir de los vascos que ha anunciado el lehendakari para octubre de 2008 y el segundo semestre de 2010.
El presidente recibirá al 'lehendakari' para comunicarle que no dialogará sobre una propuesta inconstitucional
Fernández de la Vega considera que la apuesta del jefe del Ejecutivo vasco es "más un desvarío que un desafío"
El Gobierno recurrirá al Constitucional para detener automáticamente cualquier iniciativa de consulta en el País Vasco
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibirá a Juan José Ibarretxe para contestar a su oferta de diálogo con una negativa. El jefe del Ejecutivo tiene la intención de explicar al lehendakari que es imposible, por ilegal, negociar un pacto para introducir el derecho a la autodeterminación en la Constitución, según fuentes de La Moncloa. El Ejecutivo está convencido de que el plan Ibarretxe II obedece a una estrategia electoral del lehendakari para movilizar a su partido para las elecciones generales de 2008 y las autonómicas del 2009 que, previsiblemente, adelantará al otoño del próximo año, como avanza en su propia propuesta.
La propuesta de diálogo que Ibarretxe plantea a Zapatero no cumple ninguno de los requisitos políticos ni legales: ni está acordada previamente entre los partidos vascos, ni su contenido, el derecho a la autodeterminación, se ajusta a las reglas de juego que marca la Constitución, señalan fuentes de La Moncloa. Zapatero ha manifestado reiteradamente que tal derecho ni está reconocido internacional ni nacionalmente como lo formula Ibarretxe.
Si Ibarretxe insiste con su propuesta de celebrar una consulta, aunque no logre el acuerdo con Zapatero, el Gobierno recurrirá ante los tribunales de justicia. El lehendakari sólo tiene facultad de convocar un referéndum para ratificar una reforma estatutaria que se haya aprobado previamente en las Cortes. Sólo en ese caso, como ya sucedió con el Estatuto de Gernika en octubre de 1979.
Pero una consulta como la que defiende Ibarretxe, que ni siquiera ha puesto en este caso la condición de que se haga en ausencia de violencia terrorista, queda fuera de las competencias legales que tiene el Gobierno vasco e incluso no podría disponer de medios para materializarla. En este caso, el Ejecutivo central sólo actuaría una vez que el Parlamento vasco aprobase la propuesta que Ibarretxe pretende trasladar en junio de 2008, tal y como apuntó el viernes en su hoja de ruta.
El Gobierno central dispone de un instrumento jurídico para responder: un recurso ante el Tribunal Constitucional basado en el artículo 162.1 de la Constitución: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
El Gobierno también está sorprendido por la manera en que Ibarretxe ha presentado su plan. Lo ha hecho en solitario, sin disponer de apoyos políticos previos. El lehendakari da por hecho que con su plan, ETA se avendrá a terminar con el terrorismo y los partidos no nacionalistas asumirán las reglas impuestas.
Por ello, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, sostuvo ayer en A Coruña que el plan de Ibarretxe es más "un desvarío que un desafío" y replicó con contundencia a su órdago al anunciar que Zapatero no dialogará sobre su plan por estar fuera "del camino que marca la Constitución y la ley", el único en el que "cabe el diálogo", informa Paola Obelleiro.
La vicepresidenta equiparó la táctica de Ibarretxe a la del PP por forzar uno y otro, al hablar de soberanía o de banderas, que se reabran debates que "la Constitución y la inmensa mayoría de los españoles tienen resueltos hace tiempo". Consideró que es igual de "lamentable e irresponsable" Ibarretxe, "al pensar que puede saltarse a la torera las reglas del Estado de derecho" como el PP, cuando "pretende erigirse en único guardián de los símbolos y los usa para la confrontación contra el Gobierno".
El Gobierno está convencido de que el nuevo reto soberanista de Ibarretxe, dada su imposibilidad de materializarse, responde a una estrategia electoral y no a una hoja de ruta real. Con él pretende movilizar al PNV, dividido en dos corrientes, en torno a su figura para las elecciones de marzo, buscando rentabilidad de la confrontación con el Estado. A la vez, con su anuncio se autoproclama candidato del PNV para un cuarto mandato como presidente si vence en las elecciones que deberían celebrarse, si no hay adelanto, en mayo de 2009.
Pero Ibarretxe anunció que anticiparía a otoño de 2008 los comicios si no saca adelante su plan. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, resaltó ayer esta parte de los anuncios del lehendakari: "Lo único válido de la propuesta de Ibarretxe es su referencia a que puede disolver y convocar elecciones. Responde, por tanto, a una estrategia electoral y como tal hay que tratarla".
Esta iniciativa de Ibarretxe no es nueva. Hizo lo mismo hace cuatro años. Cuando en diciembre de 2004 aprobó su plan soberanista en el Parlamento vasco, con 39 de 75 votos, entre ellos los de Batasuna, y un mes después, el 1 de febrero de 2005, el Congreso lo rechazó, Ibarretxe convocó las elecciones vascas al día siguiente. Su resultado fue malo. Perdió cuatro escaños y 140.000 votos respecto a los anteriores comicios.
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