El Senado cita al vicepresidente Cheney por escuchas ilegales

El comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos remitió ayer formalmente solicitudes de comparecencia para prestar testimonio bajo juramento a la Casa Blanca, a la oficina del vicepresidente, Dick Cheney, al Consejo Nacional de Seguridad y al Departamento de Justicia en relación con un caso de escuchas telefónicas sin autorización judicial. Pese a ello, hay prerrogativas legales que permiten al presidente bloquear estas comparecencias.

Se trata de uno de los muchos casos de actuación sospechosa en los que se encuentra envuelta esta Administración como secuela de su estrategia de lucha antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Casos como éste, que ahora empiezan a volverse contra el Gobierno de George W. Bush y que pueden llegar a convertir sus últimos meses de gestión en una auténtica pesadilla.

Particularmente para Cheney, a quien todos identifican como el poder en la sombra de este periodo y contra el que se dirigen los dardos más envenenados. Además de la citación de ayer, el vicepresidente puede encontrarse hoy con una petición de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes para que se le corten los fondos hasta que acceda a revelar a los organismos pertinentes qué documentos tiene archivados como secretos. Ése es otro episodio delicado que muestra el secretismo de estos gobernantes.

Pero el que surgió ayer, el de las escuchas, tiene de por sí suficiente carga explosiva. El comité de Asuntos Judiciales del Senado está trabajando en la investigación de un programa de escuchas telefónicas que la Casa Blanca puso en marcha después del 11-S sin el apoyo expreso del Departamento de Justicia, encabezado entonces por John Ashcroft.

Ese comité ha oído ya testimonios que revelan que la Casa Blanca presionó a través del entonces asesor legal, Alberto Gonzales, para que legalizaran el programa. La propia presidencia lo hizo finalmente sin autorización de Justicia, aunque lo corrigió después para evitar las dimisiones con las que amenazaban Ashcroft y todo su equipo.

El comité del Senado estaba buscando responsabilidades por este asunto sin conseguir avances por el permanente obstruccionismo de los responsables en el entorno presidencial.

Prerrogativas

El presidente del comité, el demócrata Patrick Leahy, ha decidido finalmente cortar por lo sano y mandar citaciones a los cuatro estamentos involucrados. "Nuestros intentos para obtener información a través de testimonios de testigos de la Administración sólo han encontrados evasivas", dijo ayer Leahy. Eso no significa que los citados vayan ahora a declarar.

El presidente puede hacer uso de prerrogativas legales que le permiten proteger a sus colaboradores ante este tipo de declaraciones, y es muy probable que las utilice. "Es desafortunado que los demócratas en el Congreso sigan escogiendo la vía de la confrontación", comentó ayer un portavoz de la Casa Blanca, anticipando lo que va a ser la respuesta oficial.

Hace apenas unas semanas, la Casa Blanca ya se opuso a la comparecencia ante el mismo comité de Asuntos Judiciales del principal asesor presidencial, Karl Rove, en relación con el caso de los ocho fiscales despedidos por razones políticas.

Como se ve, la madeja de asuntos oscuros sobre los que tiene que responder esta Administración se enreda constantemente. Cada día aparece un nuevo caso que deja en evidencia hasta qué punto Bush ha gobernando en el límite justo de la ley, sino más allá.