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Los beneficios de la funeraria municipal caen un 86% en cinco años

Jesús Sérvulo González

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios ha reducido sus beneficios un 86% desde 2002. Ese año logró unos resultados de 9,07 millones de euros. Cinco años después, en 2006, tan sólo obtuvo 1,2 millones. Además, los responsables de la sociedad han acordado distribuir un dividendo de 2,7 millones de euros, superior al resultado neto obtenido por la Empresa Mixta en 2006.

La concejal socialista responsable de Economía y Hacienda, Isabel Vilallonga, denunció ayer la situación financiera de la sociedad. "Los datos muestran la deriva imparable de la empresa. Los directivos no se dan cuenta de la grave situación hacia la que se aboca la sociedad. Sospechamos que el Ayuntamiento trata de conducir a la sociedad ante una nueva versión del proceso de privatización de la Funeraria, de 1992, y que tan buenos resultados proporcionó a sus gestores", señaló Vilallonga. El Ayuntamiento no quiso hacer declaraciones sobre estas acusaciones, pero recordó que la gestión ya no es municipal desde hace 15 años.

El gerente de la funeraria, Juan Antonio Valdivia, explicó ayer que el descenso de los ingresos en los últimos años se debe a un descenso de la mortandad, que ya estaba prevista en las estimaciones estadísticas. "Como consecuencia de la Guerra Civil, el grupo de población de más edad ha descendido. A partir de 2011 se apreciará una normalización", precisó Valdivia. "Además", añade, "ahora estamos en régimen de competencia, y 1.000 muertes menos, como ocurrió el año pasado, se notan".

Privatización

La empresa funeraria está participada por el Ayuntamiento de Madrid, que mantiene la mayoría de las acciones (51%) y la sociedad privada Funespaña (49%). La Empresa Mixta de Servicios Funerarios da nombre a uno de los casos más polémicos del Ayuntamiento de Madrid. El caso funeraria saltó a los medios en 1992 cuando los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por el alcalde José María Álvarez del Manzano, denunciaron que el Consistorio había malvendido una participación de la empresa por 100 pesetas (0,6) euros. Según declararon entonces los responsables municipales, la empresa estaba casi en quiebra.

Hace 15 años todos los enterramientos de la capital se hacían a través de la empresa municipal. Era un monopolio. Los socialistas no entendían cómo podía ser deficitaria. Unos meses más tarde, el Ayuntamiento liberó a la empresa de la abultada deuda que soportaba y pasó a ganar más de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas).

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El PSOE e IU en el Ayuntamiento denunciaron ante los tribunales a los responsables municipales que favorecieron la privatización, Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, acusados de presunta privatización irregular. La semana pasada comenzó el juicio en la Audiencia Provincial tras 15 años de retrasos.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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