Frente a ETA: lealtad junto al Gobierno español
El comunicado de la banda terrorista ETA rompiendo, como si no lo hubiera hecho ya tras el atentado de la T-4, la tregua que ella misma había anunciado debe actuar como un elemento absolutamente relevante a tener en cuenta en este momento preciso, es decir, meses antes de las elecciones generales.
Lo primero que quiero resaltar es que la responsabilidad es exclusivamente de los terroristas. Es ETA quien dice romper la tregua y, al parecer, se propone amenazar de nuevo la vida, la libertad y la convivencia democrática de los españoles. ETA sólo, ella sola, nadie más. En segundo lugar, parece evidente que, en este momento de nuestro presente, se debería imponer la razón colectiva, la decencia democrática y la altura de miras política; es decir, la defensa sin ambages ni componendas varias del principio de legalidad, el Estado de derecho y la democracia española. Quisiera recordar a este respecto el título del último artículo publicado en EL PAÍS, antes de su asesinato por los terroristas, por Francisco Tomás y Valiente (ETA: ¿qué hacer?), en el que el insigne jurista reflexionaba sobre que la existencia de ETA era el último problema, el único grave problema que seguía sobrevolando sobre la democracia y las libertades de los españoles. Tenía entonces razón, la sigue teniendo hoy.
Todas las fuerzas políticas democráticas del arco parlamentario español tienen la obligación moral, democrática y política de apoyar sin reservas de ningún tipo al Gobierno legítimo de España en este momento.
Es lo que sucedería, sin lugar a dudas, en cualquier país de nuestro entorno de la Unión Europea -Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera- y es lo que debe suceder en España.
Es evidente que, tras el anuncio etarra, nadie puede seguir diciendo -y si lo hacen los españoles tomarán a buen seguro nota de ese despropósito- que el presidente del Gobierno ha pilotado un proceso de "rendición" frente a ETA. No es verdad. Si así hubiese sido, el comunicado de ruptura de la tregua no tendría sentido, ni siquiera desde la supuesta lógica del terror. No se puede seguir diciendo que Zapatero ha sucumbido a la amenaza terrorista, que ha llevado al país al caos, que ha cedido Navarra o que pensaba hacerlo, en secretas conversaciones que filtraba oportunamente órgano tan "imparcial " y "democrático" como Gara.
Tampoco se puede seguir esgrimiendo la aplicación inmediata y acrítica del Pacto Antiterrorista, que votamos en el Congreso, felizmente unidos, Partido Popular y Partido Socialista y que en este momento necesita, cuando menos, una revisión urgente: el fiel mantenimiento de sus principios, pero su apertura institucional a todas las formaciones políticas democráticas que deseen suscribirlo. Y sí, estoy hablando de modo muy especial del Partido Nacionalista Vasco, sin el cual el problema de la violencia y el terrorismo en el País Vasco no tiene ni tendrá posible remedio. Naturalmente, mi deseo es que esa apertura del pacto se haga extensible a todas las fuerzas democráticas, a todas, las que lo deseen, y ojalá, hoy mismo, ya, fuesen todas las que conforman el arco parlamentario del Congreso y del Senado; o sea, de la representación de las Cortes Generales, donde radica la soberanía del pueblo español.
Sin duda alguna, le corresponde al Gobierno el esfuerzo mayor para alcanzar ese pleno acuerdo frente a la amenaza etarra. Pero si eso es cierto, no lo es menos que a la oposición mayoritaria, es decir, al Partido Popular, y muy concretamente a su líder Mariano Rajoy, le corresponde apoyar de modo decidido, pleno, consciente, leal y eficaz al Gobierno de España en esta hora. Y apoyar de un modo concreto y singular al presidente del Gobierno, hayan sido cuales hayan sido las discrepancias que hayan podido separarles en un inmediato anteayer. Los españoles, estoy convencido, es lo que legítimamente desean, y es lo que la razón del Estado y el sentido común exigen en democracia.
Los españoles, todos, tenemos derecho a seguir diciendo que es más importante, infinitamente más, cultivar los valores que nos unen que las diferencias que nos separan. Como bien escribiera Francisco Tomás y Valiente, sólo sobra ETA; seguimos siendo "nosotros", los demócratas todos, nacionalistas catalanes y vascos incluidos, frente a "ellos". Y ese nosotros es la plasmación de la conciencia libre y la voluntad constitucional que representa el Estado constitucional.
Por tanto, frente al terrorismo asesino de ETA, nadie puede separar por más tiempo a los españoles (aunque se piense equivocadamente que esa política puede dar réditos electorales mediatos, cosa que por otro lado no es cierta). Ninguna separación de los españoles frente al terrorismo es legítima en democracia. Y el Gobierno tiene la legitimidad de las urnas y la confianza democrática de la mayoría.
Los demócratas no tienen otra política democrática frente a ETA que apoyar decididamente y con lealtad la acción antiterrorista del Gobierno y colaborar para imaginar, de nuevo y en este preciso momento histórico de España, los instrumentos mejores para que todas las fuerzas democráticas puedan estar de acuerdo en los mínimos imprescindibles que restauren la imprescindible unidad de los demócratas frente al terrorismo. Ciertamente que para que ello ocurra se precisa el concurso de una vieja virtud: la finura de espíritu.
O sea, aquella que reclamara Manuel Azaña en La velada de Benicarló, cuando escribía: "Pienso en la zona templada del espíritu, donde no se aclimatan la mística ni el fanatismo político, de donde está excluida toda aspiración a lo absoluto. En esa zona, donde la razón y la experiencia incuban la sabiduría". Desde ahí, desde los basamentos del moderno sentido del Estado, no es posible sustentar, en este asunto, otra posición que el leal apoyo al Gobierno de la nación.
A no ser, claro está, que, al carecer por completo de dicho sentido político esencial para la acción pública democrática, recaigan algunos, citando de nuevo al mejor Azaña, en lo de aquel patán del Jardín de los frailes "que por serlo (...) carece de memoria colectiva. Nadie se contempla más independiente: en su persona comienza el mundo y se acaba. No suscribe el pacto social".
Ello, no suscribir el pacto social, es la exacta posición arriscada de la escasamente leal oposición cuando no decide cumplir su principal y más elemental sentido democrático: ser leal con el Estado. Ser Estado. Ser parte del Estado, que no es sino la plasmación institucional de la libertad democrática y la Constitución de todos los españoles.
Así que finura, razón y experiencia histórica.
Joaquín Calomarde es diputado al Congreso por Valencia, adscrito al Grupo Mixto.
