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El Gobierno niega que se pongan trabas a los policías del 'caso Malaya'

Interior no ha decidido aún sobre el cambio de destino que reclamaron los dos inspectores

La renuncia de los dos principales investigadores del caso Malaya aduciendo "falta de apoyo y trabas en las investigación" derivó ayer en un mutismo oficial en la Comisaría de Málaga. El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, fue el primero en salir al paso, declarando en Burgos que desconocía la existencia de las dimisiones y asegurando que todos los agentes que han intervenido en la investigación de la mayor trama de corrupción destapada en España cuentan con el "apoyo y el respaldo" de la dirección general "en todos los términos".

Ya entrada la tarde, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, reconoció la existencia de los escritos en los que los agentes solicitan un nuevo destino y aseguró que el comisario provincial José Gutiérrez Valenzuela los ha tramitado "por el conducto reglamentario". Gutiérrez Valenzuela negó en varias ocasiones a este periódico la existencia de la renuncia y ayer se negó a hacer ningún tipo de comentario. El comisario se prejubiló ayer y dejó en manos de su sucesor el asunto. Juan Jesús Peñalver, hasta ahora responsable de la comisaría de Almería, se incorporará a Málaga en los próximos días. Fuentes policiales indicaron que había instrucciones de no hacer ningún tipo de declaración hasta que se recibieran "instrucciones de Madrid".

Los agentes implicados, dos inspectores del grupo tercero de blanqueo de capitales, continuaron su trabajo "con normalidad". Hasta ayer nadie les había notificado la aceptación de la dimisión, ni el cambio de destino, algo que depende de los mandos.

Fuentes cercanas a los agentes aseguraron ayer que esta falta de apoyo se ha concretado en "cambios en los equipos de trabajo" quitando a agentes de confianza del equipo e introduciendo a nuevos agentes enviados desde Madrid o adjudicación de nuevas tareas que restaban tiempo a las pesquisas de Malaya. Las cortapisas surgieron, siempre según estas fuentes, porque los agentes estaban "acercándose" a personas que "no convenía investigar".

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), al que se encuentran afiliados los policías, realizaron una defensa cerrada de su trabajo y reconocieron que "existe un malestar generalizado" en el grupo tercero de blanqueo de capitales porque no se sienten respaldados y encuentran dificultades. "El SPP no va a tolerar ningún tipo de presión que pudiera tratar de ejercerse sobre estos funcionarios, venga de la instancia que venga, ni que ponga en duda su independencia, honorabilidad y buen hacer de los mismos", mantenía Fernando Vivas, secretario nacional de organización y coordinación de este sindicato que agrupa a agentes de escala ejecutiva, es decir inspectores y comisarios.

A pesar de que los policías implicados rondan la treintena cuentan con una larga trayectoria en la investigación de delitos económicos y han vertebrado tanto el caso Malaya, como la operación contra el blanqueo de capitales de procedencia ilícita Ballena blanca. Fuentes judiciales atribuyeron la renuncia a "agravios internos".

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