Corrupción a la asiática
En Tokio, un ministro se ahorca en su domicilio para evitar una humillante comparecencia ante una comisión parlamentaria que tiene abundantes pruebas sobre falsas facturas y fondos. En Pekín, un tribunal condena a la pena capital al ex responsable de la agencia estatal de medicamentos y fármacos (SFDA) por aceptar sobornos de hasta 6,5 millones de yuanes (630.000 euros) a cambio de licencias irregulares.
Son dos casos de corruptelas aparentemente similares en la forma, pero muy distintos en el fondo. En el primero, el ministro de Agricultura, Toshikatsu Matsuoka, se suicidó para salvar teóricamente el honor, que por otra parte estaba ya muy comprometido, y deja en situación delicada al primer ministro, Shinzo Abe; en el segundo, Zheng Xiaoyu, ex director de la SFDA, es presumiblemente culpable, pero también víctima de la campaña lanzada por las autoridades locales ante el congreso del partido comunista el próximo otoño y los Juegos Olímpicos de 2008, con los que China quiere presentarse como escaparate de estabilidad y eficacia.
No tiene justificación que un funcionario se lucre con algo tan vital como los alimentos o las medicinas. En los últimos meses, 10 personas han muerto en China por una inyección que contenía dietileno-glicol, un anticongelante que se emplea en los líquidos para frenos fabricado por una firma farmacéutica china. Zheng habría concedido varias licencias de medicamentos a esa empresa a cambio de sobornos. La negligencia tuvo repercusión en Panamá, donde han muerto un centenar de personas, así como en la República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Australia.
Es bien sabido que entre los males del espectacular crecimiento económico chino está la deficiente legislación en materia medioambiental, así como en control de alimentos y fármacos. El Gobierno parece resuelto a poner orden en ese caos por las repercusiones dañinas internas y sobre todo externas. Es un paso positivo para el mejor desarrollo nacional. Ahora bien, un país no crece sólo por su economía, sino también por su sociedad civil. Y allí el suspenso de las autoridades chinas es notable. La llegada a la presidencia de Hu Jintao hace cuatro años ha significado un grave retroceso en los derechos humanos. Las democracias occidentales deberían aprovechar el acontecimiento olímpico para redoblar las denuncias y presionar a Pekín para que remita la persecución de disidentes.
