Amarillismo y política
De ampulosa teoría de la conspiración a simple bulo o culebrón sensacionalista: éste es el resumen de la colusión de intereses políticos y periodísticos que durante tres años ha tratado de sabotear la instrucción del sumario por los atentados del 11 de marzo, y que ahora intenta hacer otro tanto durante el desarrollo de la vista oral del juicio. La historia universal de la prensa amarilla, tan cercana a la de la infamia, contiene capítulos similares al que se ha escrito en España alrededor de los trenes de la muerte, haciendo desfilar una galería de episodios y de personajes dignos de las comedias bárbaras. En Estados Unidos y otros países europeos se publicaron no pocos artículos, e incluso algún libro de supuesta investigación, negando que un avión se estrellara contra el Pentágono durante la mañana del 11 de septiembre; hoy nadie los toma en serio. En casos como éstos resulta improcedente invocar la convicción de que tarde o temprano la verdad acaba resplandeciendo; basta con decir que el destino de los delirios es desvanecerse.
Cuestión diferente es la actitud mantenida por el Partido Popular, tal vez sin equivalente en ningún país democrático. Mientras ocupó el Gobierno en funciones, durante las semanas posteriores a la matanza, el PP hizo lo que debía hacer, aunque al mismo tiempo dijo lo que no debía decir. Gracias al hecho incontestable de que no faltó a sus deberes al frente del Ejecutivo, aunque los envolviera en una mentira de Estado que los ciudadanos castigaron con la máxima severidad, la Audiencia Nacional puede celebrar hoy el juicio por el mayor atentado terrorista cometido en Europa.
Pero lejos de enorgullecerse por lo que hizo bien -identificar y detener a los yihadistas que perpetraron la matanza-, el PP persiste en enfangarse en cuanto hizo mal -mentir con fines partidistas y electorales-. Un diputado popular, Jaime Ignacio del Burgo, ha llegado a valerse de su posición oficial para intentar instruir un imposible sumario paralelo al de la Audiencia, entrevistándose con detenidos y aireando en los medios de comunicación sensacionalistas el resultado de estos encuentros. La declaración judicial de quien era jefe de la Policía en el momento de los atentados, Agustín Díaz de Mera, amparándose en una cláusula que, como el derecho a no revelar las fuentes, está pensada para los periodistas y no para los responsables de la Administración, ha puesto de manifiesto la insalvable distancia que existe entre diseminar sospechas a través de una emisora y confundir a un tribunal.
Estos comportamientos no han sido en ningún momento desautorizados por la dirección del PP; antes por el contrario, les ha dado un respaldo más o menos expreso en función de la coyuntura y de sus intereses. El culebrón en torno al 11 de marzo enfrenta a los ciudadanos con dos realidades diferentes, y que deberán ser solventadas alguna vez. Una cosa es que hasta ahora no se haya establecido en España una clara demarcación entre la prensa sensacionalista y la prensa de referencia; otra distinta, que una fuerza política adopte los métodos de la prensa sensacionalista y pretenda valerse de ella para recuperar lo que le negaron las urnas.
