Bruselas impone una multa récord a fabricantes de ascensores

La Comisión Europea impuso ayer una multa récord que ronda los mil millones de euros a un cártel de fabricantes de ascensores, formado por las cuatro principales empresas del sector. Bruselas les acusa de ofertar sus productos a precios artificialmente caros, y por tanto de violar las leyes europeas de competencia. Las empresas que formaban el cártel (ThyssenKrupp, Otis, Schindler y Koné) se ponían de acuerdo para repartirse el mercado en los distintos países coordinando las ofertas que presentaban a los concursos públicos.

Cuando hospitales, estaciones de trenes o centros comerciales de al menos cuatro países de la Unión Europea sacaban una obra a concurso, los fabricantes de ascensores pactaban los precios de las ofertas, normalmente muy superiores a los de mercado. El miembro del cartel que habían acordado que ganara el concurso, presentaba una oferta algo más barata, pero aun así, con un precio inflado artificialmente, sabedor de que su propuesta era la mejor.

Los directores de las empresas, y los responsables de los departamentos de clientes de las cuatro empresas mantenían reuniones de forma regular. Para que los acuerdos permanecieran en secreto, los ejecutivos se reunían en bares y restaurantes, en zonas rurales e incluso viajaban a países extranjeros.

Los empresarios utilizaban para sus llamadas tarjetas de móviles de prepago para no dejar rastro y burlar así los controles de las autoridades. Bruselas considera estas reuniones clandestinas una prueba de que las empresas eran conscientes de que actuaban de forma ilegal.

En 2004, la Comisión Europea inició una serie de redadas o inspecciones secretas en las oficinas de las empresas del cártel. Funcionarios europeos se presentaban por sorpresa en las dependencias de las compañías y registraban documentos, ordenadores y todo aquello que pudiera servir como prueba. Las redadas aportaron pruebas de que las empresas funcionaban como cartel en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Holanda. Además, Otis en Holanda y Koné en Bélgica y Luxemburgo confesaron y delataron a sus cómplices a cambio de inmunidad.

"Es escandaloso que el coste de la construcción y el mantenimiento de edificios, incluidos hospitales, hayan sido inflados de manera artificial por el cartel", indicó ayer la comisaria europea de competencia, Neelie Kroes.

El propio edificio de la comisión europea está dotado con ascensores adjudicados a empresas del cártel. "El daño que han causado estas empresas durará muchos años, ya que cubre no sólo el precio de venta, sino también el de mantenimiento de los ascensores y las escaleras mecánicas", agregó.

ThyssenKrupp, reincidente

La peor parte se la lleva la alemana ThyssenKrupp, cuya multa asciende a 480 millones de euros, ya que se trata de una empresa reincidente. Le sigue la estadounidense Otis, con 225 millones; la suiza Schindler, con 144 millones, y la finlandesa Koné con 142.

El Ejecutivo comunitario sostiene que las empresas multadas acordaron precios, se repartieron la adjudicación de contratos y compartieron tanto clientes como información confidencial entre los años 1995 y 2004.

Bruselas calcula que las consecuencias del cártel perdurarán en el mercado entre 20 y 50 años, ya que normalmente, son las empresas instaladoras las que se encargan también del mantenimiento.

El portavoz comunitario de competencia, Jonathan Todd explicó ayer que los afectados podrían renegociar los contratos de mantenimiento con las empresas multadas, de acuerdo con la legislación de contratación vigente en cada Estado Miembro y podrán, además, acudir a los tribunales y presentar como prueba de los daños sufridos la multa comunitaria que establece que las empresas actuaron de manera ilegal.

La comisaria Kroes se ha propuesto poner en marcha una verdadera cruzada en contra de los cárteles, a los que ha sometido en los últimos tiempos a multas millonarias. La última, contra una serie de empresas de ingeniería entre ellas, Siemens, superó los 700 millones de euros.