Un informe sobre los jóvenes de Alcorcón desata una oleada de peticiones de dimisión

Los graves altercados que se registraron el pasado fin de semana en Alcorcón desembocaron ayer en una oleada de peticiones de dimisión entre la clase política. Las distintas interpretaciones de un informe sobre la juventud alcorconera, encargado por el Ayuntamiento y financiado por el Gobierno regional, motivaron acusaciones cruzadas. El primero que inició este enfrentamiento fue el Ejecutivo regional, que pidió el cese inmediato del alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana; del portavoz de la oposición, Rafael Simancas, y de la delegada del Gobierno, Soledad Mestre. Los socialistas contraatacaron y pidieron responsabilidades al PP por incitar a la ultraderecha a manifestarse el próximo fin de semana en la localidad alcorconera.

El informe Estudio de la violencia en la calle asociada a la actividad de bandas juveniles fue encargado a finales de 2005 por el Ayuntamiento de Alcorcón, tras firmar un convenio con la Consejería de Familia y Servicios Sociales. A través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), pagó los 11.099 euros que costaba este trabajo de campo, basado en entrevistas a jóvenes de la localidad.

El estudio fue filtrado a primera hora de la mañana a algunos medios de comunicación. A partir de ahí, empezó un diluvio de declaraciones cruzadas entre el PP y el PSOE que inició el vicepresidente primero del Gobierno y portavoz regional, Ignacio González. Éste utilizó la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno de la Comunidad para exigir que Enrique Cascallana, Soledad Mestre y Rafael Simancas pidieran perdón a los alcorconeros. En su opinión, habían ocultado el informe a la opinión pública y no habían adoptado medidas para evitar la existencia de ochos grupos violentos en las calles y parques de Alcorcón.

"Cuando se produjeron los hechos, los tres dijeron que los altercados eran un hecho aislado que no tenía nada que ver con las bandas ni con grupos de extorsión. Sin embargo, el informe demuestra que existen bandas violentas en Alcorcón", manifestó González. "¿Por qué no se ha tomado ninguna medida al respecto?, ¿por qué se culpa al PP de lo que ha pasado allí cuando no tiene responsabilidades en materia de seguridad ciudadana? Simancas debe pedir perdón por mentir, descalificar y ocultar una realidad tan grave", dijo.

"Municipio sin bandas"

El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, dejó claro a través de un comunicado de prensa que el informe recoge que no existen bandas violentas en la localidad. "El informe sí contempla que algunos jóvenes de la localidad perciben la existencia de bandas en el sentido de focos delictivos y no de bandas organizadas del tipo de las maras", señaló Cascallana. "Difícilmente podemos ocultar un informe que es de la Comunidad de Madrid. Pido a la presidenta Esperanza Aguirre que deje de utilizar a sus consejeros para agredir a la ciudad de Alcorcón y que asuma sus responsabilidades", concluyó.

Los dirigentes del PP no se quedaron conformes con las declaraciones de Cascallana. Por la tarde, los portavoces en el grupo de la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, y en el Ayuntamiento de Alcorcón, Fernando Díaz, pidieron la dimisión inmediata de los tres principales dirigentes del PSOE en el municipio y en la región: Enrique Cascallana, Soledad Mestre y Rafael Simancas. Argumentaron esta decisión en que los dos primeros no han tomado medidas pese a conocer el informe. "Lo que ocurrió el pasado fin de semana no es un hecho puntual. Es el punto álgido de lo que se venía fraguando desde hacía tiempo. Cascallana es un mentiroso compulsivo", afirmó Beteta.

Según el portavoz del grupo del PP en la Asamblea, el Gobierno central ha mirado para otro lado al no reforzar la plantilla de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Alcorcón, que sufre 34 vacantes. "Que se olviden de que hay elecciones dentro de cuatro meses. Es mucho tiempo para que Alcorcón siga con un problema tan grave de inseguridad ciudadana. Ahora es el momento de solucionar ese problema. Deben dimitir y que el PSOE nombre a otros responsables", pidió Beteta.

La última en intervenir en el cruce de acusaciones entre PSOE y PP fue la portavoz adjunta del grupo socialista en la Asamblea, Ruth Porta. Ésta acusó a González de utilizar el Gobierno regional para atacar a un alcalde "que no es de su cuerda", ya que se acercan las elecciones municipales: "Utiliza la plataforma de una rueda de prensa del Ejecutivo regional para atacar a toda una ciudad, desprestigiarla e intentar convertirla ante el resto del mundo en un gueto".

Porta recordó que el Gobierno regional sí conocía el informe sobre la juventud de Alcorcón. En su opinión, si hubiera sido verdad que en el municipio del sur había bandas, la Comunidad eludió sus responsabilidades por no haber creado una comisión de seguimiento y de políticas activas para solucionarlo. "Si este fin de semana se produce un solo altercado en el sur de Madrid, habrá unos culpables, pero habrá un responsable: el vicepresidente primero. Si hay esos altercados, pediremos la dimisión inmediata de González", concluyó Porta.