El jefe del Ejército ordena el inmediato arresto del líder de una asociación militar

El jefe del Ejército de Tierra, Carlos Villar, demostró ayer que está dispuesto a cortar de raíz cualquier brote de asociacionismo reivindicativo como el que ha arraigado en la Guardia Civil. Villar ordenó el arresto inmediato del brigada Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). El motivo del arresto, de un mes y un día, son unas declaraciones sobre el accidente del Cougar realizadas por Bravo hace 10 meses. Pero la medida se produce sólo cinco días después de la concentración de guardias civiles en Madrid, en la que intervino el brigada.

Dos oficiales del Cuerpo Jurídico Militar acudieron ayer por la mañana al Centro de Enseñanza de Helicópteros de Colmenar Viejo (Madrid), donde está destinado Bravo, para notificarle la imposición de un mes y un día de arresto por las declaraciones que hizo el 28 de marzo de 2006 en A Coruña sobre el accidente del Cougar en Afganistán en agosto de 2005.

El expediente considera a Bravo responsable de una falta disciplinaria grave, consistente en "hacer manifestaciones contrarias a la disciplina y realizarlas a través de los medios de comunicación social", por haber dicho que los soldados de la Brigada Ligera Aerotransportable, a la que pertenecían la mayoría de los 17 fallecidos, se habían quejado "del trato que están recibiendo de sus superiores" y que, tras el siniestro, "se adoptaron medidas especiales para acallar y limitar la libertad de expresión de los soldados", Finalmente, reivindicó "que los militares puedan tener los mismos derechos y libertades que cualquier otro ciudadano" y denunció la "tutela paternalista" del Ministerio de Defensa con los militares.

En contra de la práctica habitual, Bravo recibió la orden de ingresar de inmediato en el establecimiento disciplinario militar Centro, en la base San Pedro de Colmenar Viejo (Madrid), para cumplir un mes y un día de arresto, por lo que apenas tuvo tiempo de acudir a su domicilio para recoger ropa.

Una vez en el centro disciplinario, se le retiró su teléfono móvil, según Mariano Casado, secretario general de AUME y abogado, quien calificó de "insólitas" las circunstancias que rodearon el arresto. Entre otras, el hecho de que la sanción se difundiera a través de la página web oficial del Ejército de Tierra. La legislación militar permite recurrir el arresto, pero sólo una vez cumplido.

Casado explicó que, aunque la sanción se remite a unos hechos ocurridos hace 10 meses, la forma en que se ha ejecutado no puede desvincularse de los sucesos de los últimos días.

Sin uniforme

Bravo acudió a la manifestación convocada el pasado sábado en Madrid por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). El brigada, que no llevaba uniforme, al contrario que los convocantes, subió a la tribuna y tomó la palabra para expresar la solidaridad de la AUME con las reivindicaciones de los guardias civiles.

El pasado martes, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, comprobó en la reunión del Consejo Superior del Ejército de Tierra, integrado por los tenientes generales en activo, el malestar de la cúpula militar por la concentración de guardias civiles, y les ordenó no tolerar ningún brote de indisciplina y evitar el contagio de las Fuerzas Armadas por este tipo de asociaciones reivindicativas.

Ese mismo día, Abc publicó que más de 3.000 militares habían enviado al presidente del Gobierno cartas de queja por la falta de transparencia de su nuevo régimen retributivo. Moncloa aseguró haber recibido sólo seis correos electrónicos de supuestos familiares de militares. Lo cierto es que las cartas, cuyo número ni siquiera sus promotores pueden precisar, respondían a una iniciativa de la asociación que preside Bravo.

Defensa cree que no existe en el Ejército ningún movimiento comparable al de la Guardia Civil, y que la mejor forma de evitar que llegue a haberlo algún día es cortar por lo sano.

Respecto a los miembros de la Guardia Civil que se manifestaron de uniforme en la Plaza Mayor de Madrid, fuentes del Ministerio del Interior indicaron que, con toda probabilidad, el expediente abierto por el director general, Joan Mesquida, se limite a los convocantes y a quienes estuvieron en la tribuna de oradores, unos 30 en total, que podrían ser sancionados con pérdida de haberes de cinco a 20 días. Las fuentes consultadas excluyeron tanto la imposición de arresto (que se suprimen en la nueva ley disciplinaria enviada al Parlamento) como la imputación de un delito de sedición por la Fiscalía Militar.