Construcción: los enormes cambios del último quinquenio
Constatar el espectacular crecimiento de la construcción en los últimos años es una obviedad. Quizá no lo sea, sin embargo, empezar a interrogarse acerca de sus consecuencias sociales. Con ello, el fragor de los escándalos, ilegalidades o bravuconerías autoritarias que lo vienen acompañando podría completarse con el conocimiento de las repercusiones de la profunda -y en muchos aspectos irreversible- transformación social y económica que ha provocado.
Una tarea previa debiera ser exponer su magnitud. Como un número sólo es alto o bajo en relación con otro, la perspectiva comparada ayuda a delimitar mejor las proporciones de lo ocurrido. Así, en sólo un quinquenio, 2001-2005, la construcción ha elevado su peso dentro del PIB de la Comunidad Valenciana en un 34% alcanzando el 10,9% del mismo desde el 8,1%. El uso de precios corrientes no debe ser utilizado como excusa para matizar la espectacular variación. Sin entrar en debates académicos, a la hora de analizar las repercusiones de los cambios en la renta y la riqueza de los individuos, como señaló hace muchos años Kindleberger, no se pueden eliminar las asimetrías en el aumento de los precios porque las decisiones (incluidas las de inversión) no las adoptamos sobre precios constantes, que sólo conocemos expost.
La impresión de que el cambio de la estructura de la economía está siendo de una profundidad espectacular se refuerza al compararlo con el boom inmobiliario en Estados Unidos, cuya importancia no necesita subrayarse. En la primera economía del mundo, el boom ahora finalizado con secuelas recesivas imprecisas, también ha aumentado el peso de la construcción en el PIB. Pero frente al 34% de la Comunidad Valenciana, la variación ha sido del 4%, (sin que modificar los años incluidos altere el resultado). La conclusión que se impone, pues, es que la transformación económica experimentada por la Comunidad Valenciana en los últimos años ha sido mucho mayor y, por tanto, sus consecuencias, también. Además, en 2005 la construcción representaba en EEUU el 4,8% de su PIB; esto es menos de la mitad del valor valenciano. El resultado de la comparación anterior no es una excepción. La misma conclusión se obtiene respecto a la Unión Europea avanzada de los 15. En ella la construcción supone el 6% del PIB (igual que en la UE de los 25) esto es, un 45% menos que aquí.
Si las cifras son accesibles, no ocurre lo mismo con las consecuencias sociales de esta enorme mutación. Sólo cabe, pues, avanzar algunas posibilidades. Una primera basada en la información suministrada por los pocos beneficiados que han optado por la transparencia, (la que brinda la Bolsa), apunta a que este boom podría haber inducido la mayor modificación en la distribución de la riqueza de los últimos dos siglos, enriqueciendo espectacularmente a un grupo de valencianos. A una minoría de ellos en una medida jamás posible desde la desamortización del siglo XIX cuando se privatizaron las tierras de la iglesia y los ayuntamientos. A muchos más, todos los propietarios de activos inmobiliarios, en cuantía muy notable. Al otro lado, en peor situación relativa que antes del boom, quedan los miles y miles que no poseen ese tipo de bienes y quienes se han endeudado de por vida para acceder a una vivienda.
A los efectos sobre la distribución de la riqueza y el aumento de la desigualdad, se añade la posibilidad de que el impacto del boom sobre la mejora futura del nivel de vida sea negativo. La construcción, a diferencia de la industria o los servicios avanzados, no es una actividad de productividad elevada. De nuevo, las deficiencias estadísticas pueden avivar el debate académico, pero no negar la evidencia. Y para nuestra desgracia, como Paul Krugman resumió, "La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar el nivel de vida depende casi totalmente de su habilidad para aumentar el producto por trabajador... el crecimiento a largo plazo de los niveles de vida... depende casi totalmente del crecimiento de la productividad".
Con todo, lo más grave podría ser la perniciosa repercusión del auge inmobiliario sobre la densidad democrática de la sociedad valenciana; sobre la vigencia efectiva de los valores de la democracia. Porque el boom amenaza tanto con ahondar todavía más la distancia entre representantes y representados como propiciar una situación dudosamente compatible con la igualdad de todos ante la ley al instaurar por la vía de los hechos, legalmente, una patente desigualdad. Y el trato al Valencia CF no parece un caso aislado. A lo cual se añade que, a pesar de tantos pronunciamientos críticos, hasta ahora ninguna institución con capacidad para dictar normas ha modificado alguna de las vigentes (o anunciado su intención de hacerlo) para impedir la impunidad de facto en la que hoy se mueven quienes incumplen las de carácter urbanístico. O para desincentivar con sanciones superiores a los beneficios muchos casos que, según todos los indicios, son tan ajustados a la ley como injustos al dejar inermes a miles de ciudadanos.
A este respecto, es preocupante el comportamiento del Consell, primer responsable de la situación y dedicado ahora, tras años de silencio e inacción, a aventar propuestas demagógicas. Pero también suscita perplejidad el decálogo del PSOE contra la corrupción urbanística al limitarse a defender un cumplimiento escrupuloso de la legalidad como si en un Estado democrático pudiera defenderse otra cosa. Y como si no fuera la legalidad actual -con todos sus perversos incentivos y lagunas- la que nos ha conducido donde estamos. Por todo ello, quizá, la atención a los casos de corrupción y al deterioro medioambiental debería completarse con el análisis de estos cambios sociales y económicos, probablemente enormes. Sería el primer paso para llegar a hacer frente a sus consecuencias negativas con algo más que palabras.
Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia.
