Los familiares de Pinochet confían en salir indemnes del 'caso Riggs'
La fortuna cercana a 20 millones de euros que la justicia chilena y el Senado estadounidense encontraron oculta al ex dictador Augusto Pinochet en cuentas en el exterior y en propiedades en Chile, conocida como el caso Riggs, por el nombre del banco en que aparecieron la mayoría de los depósitos; influyó en los avances de la justicia y demolió su imagen ante la derecha chilena.
Ahora, medios cercanos a la defensa de la familia consideran que con la muerte de Pinochet y el sobreseimiento del caso en su contra, se aliviará la situación de sus parientes. El argumento es que al morir el deudor fiscal, el Estado no tiene atribuciones para perseguir a sus cómplices, en este caso, su esposa. Queda pendiente, eso sí, la investigación sobre el origen de esos millones depositados en el extranjero.
El caso Riggs se convirtió en el más preocupante para Pinochet, porque comprometió a su círculo de colaboradores más cercano y a sus parientes directos, su esposa y tres de sus cinco hijos, y lo dejó sin apoyo político. La fortuna encontrada es muy superior a la suma de sus remuneraciones como presidente, comandante en jefe del Ejército y senador, los tres cargos públicos que ocupó desde el golpe militar de 1973.
Cuentas secretas
Procesado por evasión de impuestos y uso de pasaportes falsos para ocultar su identidad en los depósitos secretos, junto con Pinochet fueron cayendo sus más cercanos: su esposa, Lucía Hiriart, como cómplice; su hija mayor, Lucía, por evasión tributaria; su hijo menor, Marco Antonio, por el mismo delito fiscal; su secretaria privada, Mónica Ananías, y su albacea y asesor financiero Oscar Aitken.
Al quedarse aislado, su defensa, encabezada por el abogado Pablo Rodríguez, ocupó la estrategia de ganar tiempo. Con esta fórmula lograron apartar del caso al juez Carlos Cerda, acusándolo de parcialidad, apelando de cada diligencia y empleando todos los resquicios legales. Hay que recordar que el primer argumento de la defensa para frenar todos los procesos contra el dictador fue su supuesta demencia, táctica que quedó completamente desacreditada tras descubrirse que Pinochet gestionaba perfectamente sus cuentas secretas en Estados Unidos.
El Servicio de Impuestos Internos, la repartición estatal que se querelló contra Pinochet, estima que este ocasionó un fraude fiscal cercano a los 2,2 millones de euros. En ese organismo están decididos a continuar con todas las acciones legales contra todos los procesados en el caso Riggs, incluidos los parientes de Pinochet. Señalan, además, que las deudas son hereditarias.
