Disparos al aire
Tres encapuchados irrumpieron el pasado sábado de manera fantasmagórica en unas campas cercanas a Oiartzun -donde millar y medio de activistas de la izquierda abertzale celebraban el Día del Soldado Vasco (Gudari Eguna)- para confirmar el propósito de ETA de "seguir combatiendo firmemente con las armas en la mano hasta conseguir la independencia y el socialismo en Euskal Herria". Varios disparos al aire sirvieron de rúbrica al mensaje de que "la lucha no es el pasado sino el presente y el futuro": "¡tenemos la sangre preparada para darla!". Pese a la falta de menciones explícitas al mantenimiento del alto el fuego permanente, el porvenir de la tregua sería incierto si se diera por buena la invitación del comunicado a "continuar sin desistir por el camino ejemplar de los gudaris". Aunque no sea la primera vez que encapuchados de ETA hacen acto de presencia en reuniones de la izquierda abertzale, la novedad de que disparasen sus armas dio un carácter especialmente provocador a esta comparecencia pública.
La resolución aprobada por el Congreso el 17 de mayo de 2005 condicionaba los eventuales contactos del Gobierno con la banda terrorista al cumplimiento de unos requisitos cuya existencia en la situación actual resulta problemática. Como punto de partida, el único destino de ETA sería "disolverse y deponer las armas". Los procesos de diálogo iniciados por los "poderes competentes del Estado" con una organización terrorista dispuesta a abandonar la violencia deberían fundamentarse sobre la "clara voluntad" de hacerlo perceptible a través de "actitudes inequívocas" capaces de transmitir esa convicción. Finalmente, el principio democrático según el cual las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes de la voluntad popular, resultaría "irrenunciable" para discutir el futuro del País Vasco. El corolario de la resolución del Congreso era que la democracia española no aceptará el chantaje de la violencia ni pagará un precio político a cambio de su eventual desaparición.
Transcurridos seis meses desde que la organización terrorista declarase su alto el fuego unilateral, el relativo optimismo sobre la marcha de los acontecimientos basado en los tres años y medio sin muertos contrasta con la justificada preocupación suscitada por otros alarmantes síntomas. La entrevista publicada en el diario Gara el 14 de mayo con dos dirigentes etarras y los posteriores comunicados de la banda de junio y agosto hicieron una apologética lectura de la sangrienta historia de ETA y reiteraron su programa irrenunciable sobre la unidad territorial de Euskal Herria (País Vasco, Navarra y las tres comarcas vasco-francesas) y su derecho a la autodeterminación. Los juicios de ruptura en la Audiencia Nacional muestran el fanático adoctrinamiento de los etarras socializados en el culto a la violencia. La intervención de los tres encapuchados en la concentración en Oiartzun deja escasas dudas acerca de la posición de superioridad jerárquica de ETA respecto a la izquierda abertzale. En esa perspectiva, la negativa de Batasuna a inscribirse como una nueva formación política cuyos estatutos excluyeran de manera explícita el apoyo al terrorismo y la exigencia de que la Ley de Partidos sea derogada, a fin de permitir su participación en la mesa pluripartidista, resulta altamente significativa. La rumoreada persistencia del cobro de extorsiones mafiosas y la multiplicación de los incidentes de kale borroka en las últimas semanas oscurecen igualmente el panorama.
La opacidad de los centros de decisión de una organización terrorista dificulta tanto los diagnósticos como los pronósticos sobre sus comportamientos. ¿Mantiene la banda su unidad estructural y operativa o tal vez los eventuales interlocutores de ETA con el Gobierno se enfrentan a un grupo disidente? ¿Cuáles son los equilibrios internos de Batasuna y hasta qué punto su dirección se halla dividida? En cualquier caso, los comunicados de ETA de los últimos meses y la provocación de Oiartzun persiguen una finalidad. Si la estrategia de ETA sólo pretendiese mejorar sus bazas negociadoras, la contestación coherente del Gobierno debería ser endurecer en paralelo su posición; si la actitud de la banda reflejase cuestiones ideológicas de principios, la Resolución del Congreso de 17 de mayo de 2005 tendría que esperar a tiempos mejores para ser aplicada.
