La Audiencia de Alicante ratifica la condena al ex alcalde de L'Alfàs por prevaricación
La Audiencia de Alicante ha ratificado la condena al ex alcalde de L'Alfàs del Pi (La Marina Baixa), Antonio Fuster, por prevaricación y le obliga a devolver el acta de concejal de la que continúa haciendo uso en la oposición. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero el edil de Agrupación Independiente y Democrática de L'Alfàs (Aidda) deberá abandonar la actual responsabilidad en el mes de septiembre, cuando se reactive la política local, y por un periodo de siete años y medio, según han revelado fuentes del PSPV.
Fuster fue alcalde en L'Alfàs durante 23 años en los que la localidad de la Costa Blanca experimentó un importante crecimiento urbanístico. Accedió a la alcaldía liderando el PSPV, del que fue expulsado en 1997, tras retirar las competencias asignadas a seis concejales socialistas y repartirlas entre los concejales del PP. Fuster fue acusado por los socialistas de recalificar unos terrenos entre los que se encuentran parcelas vinculadas a su familia y a cargos del PP. Luego fundó Aidda, siglas con las que continuó en el poder hasta que una moción de censura pactada por PP y PSPV le colocó en la oposición en 2002.
Un año antes el entonces alcalde autorizó a una empresa privada a instalar una planta de reciclaje en una zona verde municipal, lo que vulneraba la legalidad. En vísperas de la moción de censura que le apartó de la alcaldía una comisión de investigación en la que participó la mayoría del consistorio, formada por socialistas y populares, determinó que la actuación fue incorrecta y que al primer edil era atribuible un presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. El juzgado número dos de Benidorm le absolvió del segundo delito, y Fuster recurrió a la Audiencia Provincial la condena del primero. Esta instancia judicial ha vuelto a fallar ahora en su contra.
Irregularidades urbanísticas
Tanto socialistas como populares han denunciado en reiteradas ocasiones las presuntas irregularidades urbanísticas realizadas bajo mandato de Fuster, si bien el actual primer edil, Gabriel Such, del PP, ha declinado hasta ahora reactivar la comisión de investigación municipal. Por este motivo los socialistas interpretan que existe una especie de "pacto de silencio" en relación con las actuaciones que realizó el ex alcalde. De hecho, la comisión de investigación funcionó durante varias semanas antes de que Fuster abandonara la alcaldía, y Such era uno de sus componentes.
El ex alcalde consiguió en aquel momento que el TSJ la suspendiera momentáneamente para proteger su honor, una suspensión que se levantó en junio del año pasado. Gabriel Such, sin embargo, no ha querido reactivarla incluso pese a la petición de la ejecutiva local del PP y al apoyo que tendría en este asunto de los socialistas.
