Instrucción cumplida
La conclusión del sumario sobre el 11-M y su envío a los dominios de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han conjurado un grave riesgo que durante un tiempo no parecía del todo descartado: la excarcelación obligada de los presuntos autores materiales, inspiradores y cómplices de los atentados ante la imposibilidad de celebrar el juicio dentro del límite legal de cuatro años previsto para la prisión preventiva. Para la mayoría de la sociedad española, la posibilidad de que la mayor masacre terrorista de su historia pudiera quedar impune nunca ha sido un asunto menor. En este sentido, el fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha sintonizado con ese sentir socialmente mayoritario al señalar la importancia que reviste, desde las exigencias de la justicia, que el juicio sobre el 11-M esté asegurado en un plazo de tiempo previsible.
Para quienes se han puesto como objetivo desacreditar la instrucción judicial, e incluso intentaron utilizar el posible expediente al juez Del Olmo para apartarle del caso y realizar una total revisión de su instrucción, la celebración del juicio nunca ha tenido, evidentemente, carácter de urgencia. Con el pretexto de "esclarecer la verdad", su objetivo ha sido mantener empantanada la investigación judicial hasta al menos las elecciones generales de 2008 para dejar abierta la posibilidad, con los consiguientes réditos políticos, de seguir instrumentalizando la tesis de la mano invisible de ETA, adobada con los más delirantes ingredientes conspiratorios. La conclusión del sumario, tras 28 meses de exhaustivas pesquisas, ha desbaratado ese plan, de modo que las historias de hoy sobre la nitroglicerina son a estos efectos tan inocuas como las de antaño sobre la mochila que no estalló y que condujo a la identificación de los autores del 11-M con Acebes todavía ministro del Interior, o la de la Orquesta Mondragón transformada en un arrebato de periodismo de investigación en la corporación industrial vasca del mismo nombre.
La verdad de los hechos sobre el 11-M tiene sin duda mejor reflejo en la "verdad judicial", obtenida con todos los resortes de que disponen jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado en un procedimiento independiente y con garantías, que en sumarios paralelos y simulacros procesales sin el menor requisito de imparcialidad, viciados además por tesis de autoría preconcebida. Y esa "verdad judicial", de momento provisional hasta que pase el escrutinio del juicio, apunta a que tanto los autores materiales -entre ellos, los siete suicidas de Leganés el 3 de abril siguiente- como intelectuales de los atentados del 11-M integraban una célula yihadista radicada en España que diseñó su acción criminal al calor del apoyo del Gobierno de Aznar a la guerra de Irak.
Esa verdad no se sustenta en conjeturas, hechos casuales o enredos de confidentes, sino en una instrucción con más de 80.000 folios de diligencias de diverso tipo: miles de rastreos telefónicos (50.000); unas 200 pruebas de ADN y otras tantas sobre huellas; vehículos, explosivos y detonadores, documentos en árabe y ordenadores confiscados. Sin olvidar el casi centenar de ruedas de reconocimiento entre los procesados y testigos presenciales y protegidos (40), y el precedente de una condena en firme que verifica judicialmente un hecho investigado en el sumario del juez Del Olmo (el del menor implicado en el traslado desde Asturias a Madrid de los 130 kilos de dinamita empleada en los atentados).
Tanto la sistematización de hechos como su explicación razonada y fundada que revela la instrucción ponen de manifiesto que el director de la investigación ha sido el juez Del Olmo. No parece que haya sido un pelele en manos de determinados responsables policiales ni el pequeño juez al que le venía grande el sumario del 11-M, ni tampoco su trabajo ha consistido en una acumulación inconexa de diligencias, como han propalado sus inmisericordes críticos con el obvio propósito de desacreditarle profesional y personalmente. Del Olmo no ha obviado investigar los posibles fallos policiales previos a los atentados, interrogando a decenas de policías y guardias civiles, sin haber encontrado atisbo alguno de mala fe o de negligencia voluntaria. Por ello resulta cínico que los dirigentes del PP insistan en cargar las tintas y lanzar sospechas sobre la actuación de la policía y la Guardia Civil y pasen por alto su propia y principal responsabilidad como Gobierno que eran en aquellas fechas.
