Reformista Prodi
El primer ministro italiano parece empeñado en librar a su país de décadas de obsoleto proteccionismo económico, al menos en el sector de los servicios. Su Gobierno centroizquierdista ha aprobado un decreto liberalizador, ya en vigor, que pretende liquidar ancestrales privilegios profesionales. La reforma, que afronta desde hace días las enardecidas protestas de algunos de los sectores afectados, debe ser convertida en ley antes de que finalice agosto para mantener su vigencia. Y no está claro que la mínima mayoría parlamentaria de Romano Prodi, unida a las reticencias de algunos diputados de su propia coalición, le permita sacar adelante unos cambios que Italia necesita urgentemente.
Las encuestas certifican el apoyo ciudadano a la iniciativa gubernamental, cuyo efecto inmediato sería abrir gremios tradicionalmente cerrados y abaratar el costo de numerosos servicios ahora abusivos. Pero el gremialismo profesional italiano viene de muy lejos y pocos confían en que la iniciativa prospere sin serias concesiones. El Gobierno ya ha accedido a suavizar con los taxistas -en huelga durante días- su pretensión de que sea más fácil y barato obtener una licencia, actualmente un coto cerrado. Y le esperan, entre otros, los farmacéuticos -miles de los cuales cerraron el miércoles contra la pretensión de vender en los supermercados medicamentos que no precisan receta- o los abogados y notarios, que protestan por la eliminación de las tarifas mínimas que pueden cargar a sus clientes.
Las dificultades económicas italianas son estructurales y requieren de una cirugía que Silvio Berlusconi fue incapaz de aplicar durante los últimos cinco años. Los argumentos en favor de la liquidación de unos privilegios corporativos incompatibles con una economía abierta son irrefutables en un país donde la mayoría del sector servicios está gobernada por asociaciones profesionales. A través de la pertenencia obligatoria, éstas controlan de hecho la incorporación de nuevos trabajadores o los salarios de cada una de las actividades.
La pregunta decisiva es si el heterogéneo Gobierno italiano, con el fantasma de unas nuevas elecciones siempre presente, va a ser capaz de arriesgar sus votos para combatir intereses tan cristalizados. De creer al primer ministro, su iniciativa es innegociable, por formar parte del programa electoral centroizquierdista. Pero Italia no se caracteriza por el entusiasmo de su clase política por las leyes del mercado, y Prodi tendrá que emplearse a fondo para convencer a un Parlamento de lealtades dispersas y donde al menos el 15% de los diputados son abogados.
