El juicio por el 'caso Ollero' quedará hoy visto para sentencia
El segundo juicio del caso Ollero por el presunto pago de comisiones en la adjudicación de obras de carreteras andaluzas quedará mañana visto para sentencia, después de los informes finales en los que el fiscal pedirá la condena de los cuatro acusados y sus defensas la absolución.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla celebrará la última de las cinco sesiones del juicio, que comenzará con la declaración de un perito calígrafo sobre la factura presuntamente falsa que los dos directivos de la constructora Ocisa imputados en el caso aportaron al juzgado cuando les tomó su primera declaración en 1992.
Dicha factura, por importe de 16 millones de pesetas y por "asesoramiento técnico en la adjudicación de obras", presenta una firma falsificada del intermediario fallecido Pedro Llach y su objetivo, según las acusaciones, había sido "maquillar" las entregas de dinero por parte de Ocisa.
A continuación las partes expondrán sus informes finales, en los que el fiscal mantendrá que, pese a la anulación en el Tribunal Constitucional de los pinchazos telefónicos en los que se basó la primera condena, existen suficientes pruebas incriminatorias como la primera confesión de los imputados y las pruebas periféricas sobre la contabilidad de la empresa implicada.
El fiscal solicitará para Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta, dos años de suspensión por un delito de revelación de secretos, y para su hermano Jorge Ollero, que fue detenido en 1992 con un maletín con 22 millones de pesetas fruto de la supuesta comisión, pedirá tres meses de arresto por tráfico de influencias.
En cuanto a los dos directivos de la constructora Ocisa J.R.B. y L.N.M., la Fiscalía les imputará falsedad en documento mercantil y cohecho, con penas de 28 y 26 meses de prisión.
Absolución
Las defensas pedirán la absolución por lo que consideran ilicitud de la prueba y por el "principio de los frutos del árbol envenenado", que a su juicio contamina las restantes pruebas, según fuentes del caso.
En la primera sesión de este segundo juicio, el tribunal rechazó todas las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas y además admitió como prueba la confesión del intermediario Pedro Llach, fallecido en 1998 durante la instrucción de la causa, lo que dio lugar a nuevas protestas de nulidad porque, según las defensas, esa declaración se obtuvo merced a los pinchazos telefónicos.
El Tribunal Constitucional anuló las escuchas telefónicas en las que se basó la primera condena, emitida en 1999, por lo que ahora ni la Fiscalía ni la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía acusan al ex consejero socialista de Obras Públicas Juan José López Martos, absuelto por la Audiencia de Sevilla y luego por el Tribunal Supremo.
