Una detención bajo sospecha

La orden de detención dictada por un juez contra el ex presidente mexicano Luis Echeverría (1970-1976), como probable responsable del delito de genocidio por la matanza estudiantil de 1968, ha provocado la airada reacción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el inculpado, que ha calificado la decisión judicial de maniobra política en vísperas de las elecciones del domingo. "Es una acción desesperada, de un Gobierno que trata de inclinar la balanza electoral", dijo ayer David Penchyna, portavoz del candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo.

Un comunicado de la dirección del partido señala que la medida es una muestra de la desconfianza del presidente Vicente Fox en el triunfo del candidato del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón. Los priistas advierten de que recurrirán a todos los instrumentos legales a su alcance "por la alteración de la equidad de las competencias, el socavo de la tranquilidad ciudadana y la merma en la participación de los electores a las urnas".

"Es un insulto al pueblo mexicano. Hace 31 años que puse la demanda y lo detienen ahora"

Por su parte, la representante de familiares de desaparecidos políticos y candidata a senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ibarra, calificó la orden judicial de "ardid" del Gobierno federal para influir en las elecciones de hoy. "Es un insulto al pueblo de México. A 31 años de que puse la primera demanda, lo hacen a dos días de las elecciones", señaló.

Ibarra añadió que intentan vincular a Echeverría con el candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, como parte de la campaña del miedo de las últimas semanas. La propaganda del aspirante panista a la presidencia, Felipe Calderón, comparó en reiteradas ocasiones "la política populista" de López Obrador con la del ex presidente Echeverría en los años setenta.

Otro candidato del PRD a senador, Pablo Gómez, dirigente estudiantil en los tiempos de la matanza de 1968, consideró justa la orden de detención contra Echeverría. "Es uno de los principales responsables de la guerra sucia contra opositores del régimen en los años sesenta y setenta", aseguró.

Desde las filas del partido gubernamental, los comentarios señalan que las decisiones judiciales no pueden someterse a consideraciones políticas en tiempos electorales. "Es preferible entrar en un posible escenario de contaminación a como sucedió en el pasado, dejar en el archivo muchas de las acciones de justicia por coyunturas electorales", declaró el senador del PAN César Jáuregui.

En una decisión sin precedentes, el juez José Ángel Mattar Oliva, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó el viernes la detención del ex presidente mexicano. Es la primera vez que se celebrará en este país un juicio por genocidio. El acusado permanecerá en arresto domiciliario, según establece el Código Penal Federal para los mayores de 70 años.

La pena por el delito de genocidio oscila entre 20 y 40 años de cárcel. Echeverría, de 84 años, era secretario (ministro) de Gobernación en el Gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz cuando las fuerzas de seguridad reprimieron a sangre y fuego las manifestaciones de estudiantes en la que se conoce como matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

No hay un balance independiente del número de víctimas de aquel episodio. Fuentes oficiales dan la cifra de 30 muertos, mientras las organizaciones no gubernamentales elevan esa cifra a unos trescientos. Dos años después, Echeverría fue "electo" por el método del dedazo como presidente de la República. Bajo su mandato se produjo otra matanza, la del Jueves de Corpus de 1971, perpetrada por el grupo paramilitar de los Halcones.

En primera instancia, otro juez federal había negado la orden de detención de Echeverría en septiembre de 2005, al considerar que el delito prescribió a los 30 años de la matanza. La Corte Suprema tomó el caso, a petición de la fiscalía, y determinó que el plazo de prescripción debía correr a partir de la fecha en que terminó la presidencia de Echeverría, es decir, en noviembre de 1976.

El juez que dictó la orden de arresto, José Ángel Mattar, de 43 años, titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha intervenido en varios episodios marcados por la polémica. Como juez de distrito le tocó dirimir casos de narcotráfico, como el que involucró al ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva. Como magistrado resolvió favorablemente una apelación de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de la República.

En marzo pasado, el juez Mattar concedió un amparo al líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, que le dejó vía libre para participar en las elecciones de hoy como candidato del PRI al Senado. Romero quedó exonerado del escándalo conocido como Pemexgate, en el que la petrolera paraestatal Pemex transfirió más de 500 millones de pesos (34,6 millones de euros) para la campaña electoral del candidato del PRI, Francisco Labastida, en el año 2000.