El Gobierno admite que 1.700 condenados por maltrato no están siendo rehabilitados

Maltratadores sin rehabilitar, aunque la ley exija lo contrario. A punto de cumplirse un año de la total entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género, en parte de España siguen sin implantarse los programas de rehabilitación que debe seguir un número considerable de los agresores sentenciados con menos de dos años de cárcel, según el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Montserrat Comas, asegura que esta carencia afecta a "miles de condenados". La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, responsable de estos programas, calcula en 1.700 los maltratadores pendientes de tratamiento y asegura que lo recibirán lo antes posible.

Los maltratadores condenados pueden rehabilitarse dentro de la cárcel: los programas, cuyo seguimiento es voluntario, existen en 33 de las 64 prisiones y ahora participan en ellos 319 internos, según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior). En cambio, tienen dificultades para hacerlo fuera si evitan la prisión: los programas destinados a que cambien de conducta al tiempo que mantienen la libertad despegan con lentitud.

La Ley Integral contra la Violencia de Género, totalmente en vigor desde el pasado 29 de junio, permite a los jueces "sustituir o suspender" la pena de prisión inferior a dos años a cambio, entre otras cosas, de que los condenados por agredir a su pareja o ex pareja femenina sigan un programa de rehabilitación, explica la magistrada Monserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Sin embargo, no hay ni programas de rehabilitación diseñados, ni centros para impartirlos", critica esta responsable. Estima que esta carencia afecta a "varios miles de condenados por maltrato a su pareja".

Comas recuerda que la responsabilidad de los programas recae en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, excepto en Cataluña (con competencias en esta materia). Además de esa comunidad, las administraciones autonómicas han puesto en marcha programas en el País Vasco, Galicia y Alicante, afirma.

El CGPJ comparte esa inquietud. El pasado abril acordó enviar una carta a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para exponerle su "preocupación" por "la falta de desarrollo y generalización" de estos programas.

Una fuente próxima a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconoce que los programas han arrancado con retraso, por la complejidad para implementarlos y la relativa escasez de medios para ello. Por eso se ha optado por la vía de los convenios (con comunidades autónomas, universidades, ONG o la Federación Española de Municipios y Provincias). Cada uno de esos organismos, en colaboración con los servicios sociales penitenciarios, diseña y ejecuta las terapias. "Existen convenios en todas las comunidades autónomas, aunque no en todas las provincias", asegura una portavoz de Instituciones Penitenciarias. Añade que 1.107 maltratadores han seguido los programas de rehabilitación en libertad en los últimos 12 meses.

"Vamos con retraso, pero ningún maltratador quedará sin tratamiento", asegura el subdirector general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Virgilio Valero. Calcula que de los condenados por maltrato tras la entrada en vigor de la ley integral unos 1.700 castigados a menos de dos años de prisión y cuya pena se suspendió (un millar) o sustituyó (unos 700) están ahora pendientes de acudir a los cursos de rehabilitación. "Es un proceso largo, que empieza por la elaboración de un plan individual para cada condenado", detalla. Pide "paciencia" y asegura que a final de año existirán servicios de rehabilitación "en todas las provincias". "Donde no hay convenio, Instituciones Penitenciarias intenta ofrecer el programa de rehabilitación con sus propios medios", asegura Valero.

En medios judiciales destacan que una de las consecuencias negativas de la demora es la sensación de impunidad que pueden sentir los maltratadores obligados a hacer una terapia para la que no tienen fecha.