Un régimen escalonado

La negociación sobre el modo de proceder con los presos y los refugiados en Francia requirió la implicación de los ministerios del Interior y de Justicia, en manos respectivamente de Juan José Rosón y de Iñigo Cavero y se terminó de concretar bajo la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo, de quien Rosón obtuvo autorización para proseguir lo iniciado con Adolfo Suárez

El representante de Euskadiko Ezkerra (EE) Juan María Bandrés propuso inicialmente una pauta escalonada, según diversas fórmulas: garantías de vuelta sin más investigaciones para los exiliados no buscados o no procesados; libertades provisionales para los encarcelados pendientes de juicio; libertad condicional para los condenados con tres cuartas partes de la pena cumplida; regímenes abiertos para presos con situaciones familiares o personales especiales y por último, indultos para los casos más graves que no pudieran ser incluidos en ninguno de los otros apartados.

La reinserción implicó a los ministerios de Interior y Justicia, Fiscalía General del Estado y judicatura de la Audiencia Nacional

Esos criterios fueron sometidos por el ministro Rosón a la consideración de altos mandos policiales y de la judicatura y se elaboró un primer listado de cien personas, treinta en prisión, y setenta huidas. En total, fueron 144.

Desde Euskadiko Ezkerra, el abogado Juan Infante se encargó con Juan María Bandrés de asistir a los polimilis en su paso por la Audiencia Nacional. Infante habla con reservas. No piensa que lo hecho entonces sea aplicable ahora. "No tiene nada que ver, los polimilis eran un rebufo de la situación anterior a una democracia que aún era muy vacilante. Ahora han pasado 25 años de persistir en el ataque a esa democracia y un recelo muy grande por el resultado de otras treguas", razona.

Los seis primeros reinsertados cruzaron la frontera por Irún en tren. Se advertía a la policía, que franqueaba el paso y en ocasiones acompañó las comitivas, según recuerda Infante. El abogado rememora también la petición de discreción que realizó el ministro José Barrionuevo, pensando en las víctimas de los atentados que ETAm seguía cometiendo mientras otros ex terroristas recobraban libertades. "Hubo mucha voluntad por todas las partes de que saliera. Por eso salió y por algo importante: nadie reincidió, había una decisión muy clara".

Fianzas "asequibles"

Una vez en la Audiencia Nacional, prestaban declaración negando los cargos, se fijaban fianzas de entre 50.000 y 250.000 pesetas, "asequibles" incluso para la época. Juicios, recuerda, "hubo muy pocos" y la mayoría de las causas se sobreseyeron o hubo retirada de acusaciones por falta de pruebas. Cuando se llegaron a celebrar, las penas que se impusieron no sobrepasaban el tiempo que los acusados, ya en libertad condicional, hubieran pasado en prisión antes. Infante niega que se produjeran "apaños", pero sí subraya que "había una voluntad de colaboración no escrita" de la que participó también el sistema judicial. Y hubo también "una gran suerte", que salvó una de las condiciones tampoco escritas: que nadie tuviera un sumario abierto por delitos de sangre. En la medida que los casos más sencillos se fueron resolviendo y se vio que los activistas "simplemente se iban a su casa", se abordaron los más complicados: los de los dirigentes, que fueron los últimos en volver. Joseba Aulestia cerró el proceso al regresar el 15 de enero de 1985.