25 años después del final de ETApm

El final de ETA Político-militar, de cuya tregua definitiva se cumplieron 25 años el 28 de febrero pasado, sigue siendo el único referente de un proceso como el que puede abrirse con el alto el fuego de ETA. No será tan fácil ahora, 25 años y muchos muertos después.

ETA militar (ETAm) siempre denostó aquel proceso, sencillo visto ahora y que duró cuatro años: desde el 28 de febrero de 1981 hasta el 14 de enero de 1985, cuando regresó el último de los huidos a Francia.

El carpetazo a la violencia en ETApm empezó a gestarse en realidad con su decisión de participar, a través de su partido de referencia, Euskadiko Ezkerra (EE), en las primeras elecciones democráticas de 1977 y seis meses después en el Consejo General Vasco, el ejecutivo preautonómico presidido por el socialista Ramón Rubial, hasta desembocar en la adhesión entusiasta al Estatuto de Autonomía de Gernika. Justo lo contrario de lo que hicieron ETAm y Herri Batasuna, que rechazaron todos esos avances.

El apoyo de ETApm al Estatuto de Gernika facilitó el abandono de las armas una vez que el autogobierno empezó a desarrollarse

Ello hizo que en los tres últimos años de su existencia, los polimilis justificaran todas sus actuaciones -ya fueran el secuestro de delegados de educación, ya asaltos a instalaciones militares o cohetes contra el mismísimo palacio de la Moncloa- en la exigencia de un Estatuto de autonomía. Eso se convertiría a la postre en su mejor coartada para justificar el abandono de las armas.

Las bombas de las estaciones de Atocha y Chamartín en el verano de 1979, tres meses antes del referéndum estatutario, con un resultado de cinco muertos y decenas de heridos, los asesinatos de dos miembros del partido del Gobierno, la UCD, al año siguiente, tras constituirse el primer Gobierno vasco en marzo de 1980, porque el proceso de transferencias no avanzaba a su criterio, abocaron a ETApm a su final.

La presión de la formación que lideraban Juan María Bandrés, plenamente integrado en el trabajo parlamentario en Madrid y cada vez más incómodo por las acciones del grupo, y Mario Onaindia, secretario general con la autoridad que le confería haber sido él mismo miembro de ETA y condenado a muerte, resultó decisiva. EE, a excepción de el grupo minoritario, liderado por Iñaki Múgica Arregui, Ezquerra, no soportaba ya dar la cara por las acciones violentas.

Los polimilis tuvieron relativamente fácil la retirada en términos de justificación política, precisamente por esa aceptación del proyecto autonómico, una diferencia fundamental con ETAm. A ésta, sus objetivos maximalistas no le hacen fácil hoy exhibir un logro concreto para argumentar su abandono ahora y no hace 10, 15, o 20 años.

"Nosotros éramos el fruto de una época, del franquismo, cuya represión habíamos vivido y habíamos combatido. En aquellos inicios no nos convencía cómo estaba transcurriendo la transición", explica José Lara, ex miembro de ETApm. Para Lara, su ejemplo no sirve como referente para la ETA actual. "Siempre fueron muy distintos a nosotros" afirma.

Un ejemplo: el verano de 1979, ETApm hacía ya una campaña bajo el eslogan Estatutuarekin presoak kalera ("Con el Estatuto, los presos a la calle"). Las manifestaciones convocadas por EE bajo esa premisa sufrían el acoso de Herri Batasuna, agresiones físicas incluidas.

Pocos meses después, el Estatuto de Gernika fue aprobado en referéndum y tras intentar jugar un papel de presión sobre su desarrollo durante 1980, aceptaron que esas dificultades tenían que sortearlas y solucionarlas los partidos políticos y declararon la tregua. Sus dirigentes comparecieron un año y medio después en Biarritz, a cara descubierta por primera vez, para anunciar la disolución. Era el 30 de septiembre de 1982.

En el camino quedó un grupo que volvió a la actividad y entró rápidamente en descomposición, mientras algunos de sus miembros, entre ellos el actual portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, se integraron en ETAm.

La tregua se había decidido en realidad en noviembre de 1980, cuatro meses después de que el entonces ministro de Interior, Juan José Rosón, y Mario Onaindia se viesen por primera vez en un restaurante de Madrid llamado Los Arándanos. Pero para preservar la unanimidad, los más convencidos del alto el fuego accedieron a realizar un período de atentados previo al anuncio, que demostrase que éste no era fruto de la debilidad. Lo llamaron "periodo de disuasión". "Lo cierto es que el 23-F nos disuadió a todos", ironiza ahora Fernando López Castillo, uno de los dirigentes que accedió reticente a aquel período de demostración de una fortaleza de la que sabía que carecían. Acciones fracasadas, como el asalto al cuartel de Berga en Cataluña, equivocaciones que rozaron el ridículo y golpes policiales se sucedieron en los siguientes cuatro meses.

Finalmente, en febrero de 1981, un mes infernal tras la visita real a Gernika boicoteada por Herri Batasuna, el asesinato del ingeniero de Lemóniz José María Ryan y la muerte por torturas del miembro de ETA, Joseba Arregui, los polimilis preparan ya la escenificación de su tregua.

Lo hacen con una última acción propagandística en la que tratan de garantizarse la atención internacional: el secuestro de los cónsules de Austria, El Salvador y Uruguay. Con estos tres hombres secuestrados se produjo el intento de golpe de estado.

La intentona sacude a los dirigentes polimilis en el sur de Francia, que, en una reunión de urgencia de la ejecutiva el día 25, deciden adelantar la liberación sin condiciones de los cónsules y el anuncio del alto el fuego, recuerda López Castillo. "Nos pareció que era lo mejor que podíamos aportar como distensión a una situación en la que vimos claramente en peligro la democracia", añade. En 1993 protagonizaría el primer acto de reconciliación entre ex miembros de ETA y víctimas del terrorismo, junto al Abel Uceda, hijo de un militar asesinado.

En el lado del Gobierno, Bandrés y Onaindia habían conseguido la confianza en la operación del ministro del Interior, Juan José Rosón. Éste la puso en conocimiento del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y obtuvo su visto bueno para continuar los contactos. Onaindia y Rosón fallecieron y Bandrés y Suárez padecen sendas enfermedades que no permiten recurrir a sus testimonios.

El entonces director de la seguridad del Estado, Francisco Laína, que compartió muchas reuniones con ellos, declinó la invitación de este periódico a hablar y el dirigente de UCD y delegado del Gobierno en el País Vasco en 1982, Jaime Mayor Oreja, hoy eurodiputado por el PP, no ha respondido a las numerosas llamadas a su despacho en Bruselas. También muchos ex polimilis han preferido no hablar.

Un alto cargo del Ministerio del Interior hasta la llegada de los socialistas al poder asegura, bajo reserva de su identidad, que desde el Gobierno nunca tuvieron "interlocución directa con ETA". A este periódico sí le consta un encuentro de la cúpula policial antiterrorista, encabezado por Manuel Ballesteros, con dos jefes de ETApm en París. "Nuestra interlocución fue siempre con Bandrés y Onaindia, nosotros confiamos en la palabra que ellos nos daban y ellos en los compromisos que nosotros adoptábamos, sin ningún papel escrito de por medio nunca". Todos se cumplieron escrupulosamente.

¿Cómo se fraguó esa confianza? La puesta en contacto inicial, recuerda este alto cargo de Interior con la UCD, la realizó un sacerdote gallego relacionado con la familia Rosón y a quien por circunstancias personales llegó un mensaje de Euskadiko Ezkerra que cristalizó en el primer encuentro del ministro con Bandrés.

"Ambas partes nos sometimos a pruebas: ellos nos pidieron la libertad de un preso muy significado y nosotros exigimos la tregua". Este político reconoce que "en conciencia" dudaba si había que proceder de aquel modo "pero la verdad es que eran años muy duros y se trataba de reducir aquello y de evitar muertes". "Si se pagaron precios que no se debían pagar, pues yo la verdad, no lo tengo muy claro", dice, en relación con las excarcelaciones o sobreseimientos de causas.

Con la operación avanzada, se hizo entrar en juego al Ministerio de Justicia, con Iñigo Cavero al frente, a la fiscalía general del Estado y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo el mando único para la lucha antiterrorista, Manuel Ballesteros, y a la policía. "Se recurrió menos a la Guardia Civil, que era más refractaria", recuerda.

¿Qué ponía la otra parte? "Que alrededor de 120 terroristas en activo dejaron de serlo y entregaron las armas". Otro aspecto que recalca es que "entonces, los partidos no enredaron" y el PSOE, al que se había informado de la operación cuando fue tomando cuerpo, para garantizar su continuidad en caso de que ganara las elecciones, como ocurrió en octubre de 1982, "respetó escrupulosamente" los compromisos contraídos por la UCD. Fue el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, el depositario del calendario acordado.

Una última tarea que recuerda esta fuente: "En algunos casos hubo que frenar a los cuerpos de seguridad, que no eran los de ahora, y en ocasiones sometieron a una vigilancia y persecución tremenda a quienes ya se habían reinsertado y les hacían la vida poco menos que imposible. Ése fue un tema duro y difícil también", resalta.

La salida de las cárceles y la vuelta del sur de Francia de los ex militantes fue relativamente rápida y fácil, pero lo cierto es que desde el primer encuentro directo entre Interior y EE, en el verano de 1980, y la vuelta del último huido en Francia, en enero de 1985, transcurrieron casi cinco años, cuatro desde la tregua de 1981. El proceso tuvo a favor que en el grupo no figuraban acusados de autoría material de asesinatos, a excepción de dos o tres personas, que se instalaron en el extranjero y tardaron varios años en resolver su situación.

La vuelta a la vida civil no les resultó traumática, afirman los que acceden a hablar, y ninguno de ellos volvió a la clandestinidad ni a la actividad violenta. Muchos rondaban los treinta años y tienen hoy hijos nacidos en los años inmediatos a la tregua y la disolución. La integración laboral tampoco fue demasiado problemática. Algunos recuperaron sus antiguos trabajos, otros simplemente se emplearon y otros montaron negocios propios. La mayoría militó en Euskadiko Ezkerra hasta la división de ese partido entre quienes se integraron en el PSE y los que trataron sin éxito de mantener una existencia autónoma.

El mayor rechazo no lo sufrieron ni siquiera de los cuerpos de seguridad (aunque algunos padecieron acoso policial e incidentes o detenciones al viajar, por la permanencia de sus datos en los archivos). Al primer delegado del Gobierno socialista en el País Vasco, Ramón Jáuregui, le tocó solventar personalmente algunos de aquellos problemas e incluso recibió en privado en la sede de la Delegación a algunos de los ex dirigentes polimilis, a quienes también invitó al palacio de Ajuria Enea, en este caso oficialmente, el lehendakari Carlos Garaikoetxea.

Jáuregui admite ahora que las posibilidades de la ley "se estiraron hasta el límite" con la colaboración de policía, fiscales y jueces de la Audiencia Nacional.

Ni siquiera los miembros del partido UCD, tan duramente atacado, mantuvieron una actitud vengativa. El propio Jaime Mayor Oreja compartió mesa con ex dirigentes de la organización disuelta sólo un año después de la disolución, en un acto en Madrid de la revista Cambio 16, y mantuvo después la relación con alguno de ellos.

La repulsa, retirada de saludos, miradas de desprecio, amenazas o agresiones procedieron sólo de los ambientes pro ETAm. La banda asesinaría después a dos reinsertados: Mikel Solaun y María Dolores González Catarain, como medio de frenar el "cáncer liquidacionista".

López Castillo piensa que "se está repitiendo la historia" y que el proceso tendrá "como objetivo y límite la salida de los presos y la participación de HB en las próximas elecciones". Considera fundamental que la "ingeniería" de la operación "impida que quede descolgado algún grupo de fanáticos que llamarán "liquis" a los disueltos porque no han conseguido sacar a los presos, ni la independencia y el socialismo, ni la integración de Navarra y Euskadi Norte".