Paz sin condiciones
Estas palabras resumen el núcleo del debate sobre la política antiterrorista, a pesar de que el ruido partidista, especialmente el tremendismo del PP, haga difícil un debate sereno de una cuestión en sí importante. Puesto que la política antiterrorista de los últimos años parece haber conducido a ETA-Batasuna a una encrucijada de la que sólo le cabe una salida, el cese como organización terrorista, y puesto que el presidente del Gobierno ha optado por hacer pública la esperanza de que dicho cese se pueda producir en un plazo no demasiado largo, la pregunta a contestar es la de las condiciones democráticamente aceptables de dicho cese.
Conviene comenzar recordando algunas obviedades: es prácticamente impensable que el fin de una organización terrorista como ETA se produzca por simple desaparición. Lo normal es que al final exista algún tipo de diálogo entre la organización terrorista y el Gobierno de turno. Es también normal que en ese diálogo se plantee alguna demanda por parte de la organización terrorista. Y es también bastante normal que a cualquier cosa que plantee y a lo que, sin ningún tipo de dejación, pueda acceder el Gobierno se le adjudique el calificativo de político. Es absurdo pensar que las decisiones que adopta un Gobierno, que respalda un Parlamento, son decisiones puramente técnicas y no políticas.
No se puede pagar el precio de un marco radicalmente distinto para Euskadi
Es prácticamente impensable que el fin de ETA se produzca por simple desaparición
Lo importante radica, pues, en determinar lo que significa político cuando se afirma que el Estado no puede ni debe pagar precio político alguno por la desaparición de ETA -es más correcto hablar de desaparición de ETA, de su derrota y de lo que sea necesario para la consolidación de esa derrota, que de proceso de paz-. Se puede hacer una interpretación extensa, como lo hace el Partido Popular, que llama precio político a todo: al hecho de no iniciar un procedimiento de ilegalización del PCTV, a la resolución misma del Congreso, a pesar de que afirma expresamente la imposibilidad de pagar precio alguno a ETA, y al cese de un fiscal de la Audiencia Nacional. Se puede hacer una interpretación en cuyo centro se encuentre la peliaguda cuestión de los presos, peliaguda tanto jurídica como éticamente.
Pero es posible también hacer un esfuerzo por centrar la caracterización de político del precio que nunca se puede pagar a ETA en lo que más importa. Y para saber qué es lo que más importa, como casi siempre, la guía perfecta es la misma ETA, y Batasuna. La razón expresa por la que ETA ha asesinado, y por la que Batasuna nunca ha condenado, ni lo va a hacer, los asesinatos de ETA, es conseguir para la nación sin Estado que es el pueblo vasco, Euskal Herria, la territorialidad y el derecho de autodeterminación.
Lo que desde la propuesta de Batasuna en Anoeta hace algo más de un año han venido repitiendo es eso: paz no puede significar exclusivamente tregua, pues ello significaría un paso unilateral. Es necesario que todos se muevan, que se abra la perspectiva de que en la mesa de partidos políticos no sólo se puedan plantear la territorialidad, aunque sea de forma gradual, y la autodeterminación bajo la fórmula del derecho de los vascos a decidir su futuro, sino acordar ambas. Y no sólo acordar, sino que exista el compromiso de que ese acuerdo se va a respetar en el Congreso. Y que el entramado jurídico se cambie para que pueda ejecutarse el acuerdo: el reconocimiento del derecho de autodeterminación en la Constitución española.
Si ésa es la razón política que ha conducido a ETA a usar las técnicas modernas de la lucha de minorías contra mayorías (Egibar dixit) y que implican el asesinato, el precio político que nunca se puede pagar, que nunca puede acordar pagar el Estado de derecho, está claro: el proceso de reforma del Estatuto de Gernika que constituya la cuestión a debatir en la mesa de partidos vascos -y que una vez legalizada Batasuna porque ETA ha anunciado creíblemente su cese como organización terrorista no tiene por qué tener una sede distinta a la parlamentaria- no puede conducir a acordar nada que implique la satisfacción de las razones que motivaron los asesinatos de ETA.
¿No se puede reformar el Estatuto de Gernika? Por supuesto que sí. Es más: significaría una consolidación del mismo, pues se daría cumplimiento a una de sus previsiones. ¿Transformar el espíritu del Estatuto, la idea de que la sociedad vasca sólo se constituye en sujeto político por medio del acuerdo entre quienes ven, viven, sienten y entienden a Euskadi de formas distintas, y por lo tanto integrándose en un marco más amplio, en el marco constitucional, siempre que éste afirme como principio estructural el desarrollo autonómico como descentralización política, transformar ese espíritu en una definición de Euskadi por mayoría -la pretensión del plan Ibarretxe y lo que encierra el discurso de la consulta popular- es una reforma del Estatuto?
No, es su negación misma, e históricamente hablando es la negación de la misma Euskadi, pues ésta sólo ha existido como sujeto político reconocido cuando ha existido el acuerdo estatutario, en 1936 y a partir de 1980.
Consideradas así las cosas, es patente que el Estatuto actual no permite demasiado recorrido en su ampliación, en su reforma, aunque la imaginación política siempre puede deparar sorpresas. Pero conviene no olvidar que el nacionalismo, el radical siempre y el tradicional desde su viraje de los últimos años, nunca ha buscado la reforma de lo existente, sino un nuevo marco radicalmente distinto del actual en sus presupuestos.
Y éste es el precio político que no se puede pagar. Por dignidad del Estado de derecho. Por el respeto al significado político de los asesinados. Por la garantía de la libertad de todos que es el pluralismo identitario vasco.
Joseba Arregi es profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco.
