Con Andalucía
La necesidad de un nuevo Estatuto ha formado parte del discurso y del programa de IULV-CA desde 1996, reivindicada prácticamente en solitario hasta que el PSOE asumió como propia tal posibilidad en 2001. Conseguido nuestro primer objetivo político, no hemos dudado en implicarnos en el proceso parlamentario de reforma, conscientes de que ese es hoy el principal reto político y social de Andalucía. Sabemos que construimos un Estatuto para los próximos treinta años y queremos, hoy como ayer, formar parte de ese futuro. Somos, por tanto, los más interesados en impulsar el nuevo Estatuto y ponerlo en manos del pueblo andaluz en febrero de 2007.
El nuevo Estatuto debe servir a todos, pero será mejor cuanto más útil sea para quienes necesitan una mayor respuesta de la sociedad y de las instituciones para mejorar su calidad de vida, la solidaridad, la igualdad, la justicia social y la cohesión, y es ahí donde hemos centrado nuestro trabajo, como corresponde a un partido de izquierdas. Estamos muy satisfechos de que se hayan incorporado, tal como proponíamos, nuevos objetivos estratégicos, nuevos valores cívicos, más derechos sociales y laborales, con más garantías para su disfrute efectivo, más compromisos medioambientales, y la igualdad y la integración social y laboral como objetivos de las políticas sociales públicas.
Para desarrollar todo esto, IULV-CA ha propuesto y ha consensuado con el PSOE un modelo de financiación solidario y multilateral y el más alto techo competencial para Andalucía, incluyendo el Guadalquivir, para apurar al límite las posibilidades de autogobierno que nos permite hoy la Constitución, de modo que Andalucía tenga los instrumentos jurídicos y económicos necesarios para situarse en pie de igualdad con cualquier otra Comunidad, superando injusticias y desequilibrios inaceptables. Por tanto, en la proposición de Ley ya registrada reconocemos un alto porcentaje de nuestras propuestas. Aún así, mantenemos todavía votos particulares respecto a identidad, calidad de la democracia, ordenación territorial y ayuntamientos, entre otros, que sin duda mejorarán el texto final.
En la reforma del Estatuto, que se percibe como un tema suprapartidario, el consenso político es un valor demandado por la sociedad, que rechaza con la misma fuerza la posibilidad de veto. Quien se quede fuera del consenso deberá tener unas poderosas razones, que puedan ser fácilmente explicadas y defendidas ante la ciudadanía, o de lo contrario pagará un alto precio político y electoral por su empecinamiento y por su aislamiento sin justificación. El texto firmado por IU y PSOE es un suelo sólido para seguir construyendo un Estatuto de máximo autogobierno en el marco constitucional, pues es una propuesta de gran solvencia jurídica y política, que ha conseguido una alta estima dentro y fuera de la Ponencia y cuenta ya con un amplio consenso social, como lo demuestra el apoyo de CCOO, UGT y otras organizaciones sociales. Por eso nos resultan incomprensibles las actitudes tan partidistas y tan poco constructivas del PA y del PP.
IU defiende la conveniencia de que el Estatuto refleje el proceso de construcción nacional de Andalucía como pueblo y territorio diferenciado en una España plurinacional, pero no podemos entender ni compartir que el PA supedite a ello todos los avances que el texto ya tiene con respecto al Estatuto vigente. ¿Y qué decir del PP? Nunca ha querido la reforma del Estatuto andaluz ni de ningún otro. Su falta de participación, de rigor y de solvencia en la ponencia, su negativa a firmar la proposición o sus recientes vaivenes sobre el referéndum demuestran que están tan supeditados a la política partidista de Rajoy que son incapaces de ejercer con responsabilidad la defensa de los intereses de Andalucía. Arenas ha defendido hasta ahora posiciones contradictorias y con el mismo ahínco argumenta que las reformas estatuarias no son necesarias ni demandadas por la ciudadanía y que sin el PP la reforma no es posible.
El consenso es deseable pero no al precio de recortes y limitaciones, como las que plantean los votos particulares del PP, pues cualquier pretensión de rebajar los contenidos acordados no solo no tiene sentido sino que tampoco tiene espacio, pues no parece lógico que la derecha, con un 38% de los votos, pretenda imponer sus criterios a una mayoría social de izquierdas, pues dada la correlación de fuerzas en el Parlamento andaluz y Congreso de los Diputados, es posible aprobar un Estatuto avanzado y progresista fruto del impulso de la izquierda andaluza.
En este sentido, es bueno traer a la memoria que en 1980 la derecha no dio su respaldo al Estatuto, y, sin embargo, éste se abrió paso, como también es necesario recordar que, al igual que entonces, nuestro Estatuto es determinante para la configuración final de un modelo de Estado que tiene que mantener la solidaridad como un principio esencial en defensa de la igualdad de derechos, servicios y bienestar de los ciudadanos. Por eso, hoy IU, como ayer el PCE, juega un papel importante al servicio de Andalucía, impulsando la reforma, abriendo paso a un proceso federalizante del Estado, y apostando por corregir las tendencias centralistas e inmovilistas de la derecha o confederalistas de algunos sectores nacionalistas. En definitiva, conquistar más autonomía para construir una mejor Andalucía.
Diego Valderas Sosa es coordinador general de IULV-CA
