Diez países latinoamericanos salen en defensa de los inmigrantes en EE UU

Diez países latinoamericanos encabezados por México han acordado crear un frente común en defensa de los migrantes, ante el endurecimiento de la política estadounidense en esta materia. Encargados de la política exterior de México, Colombia, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana firmaron en la capital mexicana una declaración conjunta en la que reclaman la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, tengan o no los papeles en regla, y se comprometen a "reducir y desalentar la migración indocumentada".

El texto aprobado a instancias de México es más suave que el presentado por El Salvador, que hacía un llamamiento a la Administración y al Congreso de EE UU a formular una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades laborales de los países de la región. La declaración conjunta no será presentada oficialmente ante el Gobierno de Bush.

El portavoz presidencial mexicano, Rubén Aguilar, subrayó que el frente común debería servir para que las autoridades estadounidenses comprendan la necesidad de "promover y concretar un acuerdo migratorio que ordene, respetando los derechos humanos y laborales, estos flujos hacia la unión americana". Aguilar añadió que "el problema migratorio no se resuelve por la vía de los muros ni con un enfoque policiaco; el problema migratorio sólo se resuelve en el marco del respeto de una ley que garantice el orden, la legalidad y el respeto a los derechos humanos".

Los ministros, cancilleres y embajadores reunidos en México reconocieron que mientras un número importante de ciudadanos no encuentre en su país un entorno económico y social que les permita su pleno desarrollo y bienestar, habrá condiciones para migrar a los países donde exista demanda de trabajadores. El documento admite que cada país tiene el derecho soberano para conducir su política migratoria y de seguridad.

En los próximos días el Senado de Estados Unidos discutirá la Ley Sensenbrenner, aprobada por la Cámara de Representantes, que propone entre otras cosas la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México de más de 1.000 kilómetros y que, en opinión de los Gobiernos de la región, criminaliza a los migrantes.

La fobia antiinmigrante en el sur de Estados Unidos se ha traducido en la formación de grupos de caza-inmigrantes, dispuestos a impedir por su cuenta la entrada de indocumentados a través de la frontera con México. Sin embargo, el ingreso de indocumentados en Estados Unidos a través de la frontera de 3.200 kilómetros con México no ha disminuido.