España registra 51.000 denuncias de violencia familiar en sólo 6 meses
El 32% de los casos acaba archivado, el 25% en absolución y el 43% en condena
El 32% de las denuncias por actos violentos cometidos en el ámbito familiar fueron archivados por los jueces y no llegaron a juicio durante el primer semestre del año pasado. Del otro 68% que siguió su trámite, el 43% finalizó con sentencia condenatoria y el 25% concluyó con la absolución del acusado o la acusada, según las cifras facilitadas ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En el primer semestre aumentó en un 8% el número de denuncias.
Los datos oficiales señalan que de enero a junio de este año se recibieron en los diferentes cuerpos policiales de España, en la fiscalía o en los juzgados de guardia un total de 51.382 denuncias, frente a las 47.592 del mismo período del año pasado. De aquella cifra total, 5.420 denuncias acabaron siendo retiradas por las víctimas. Es decir, el 10,5%. La retirada no implica el archivo del caso, porque el fiscal puede seguir actuando si considera existe delito.
Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género considera, además, que "en muchas ocasiones estas denuncias se retiran por la relación emocional que existe entre el agresor y el agredido y en convencimiento de que los hechos violentos no volverán a ocurrir más".
De las 54.594 víctimas que, según las cifras oficiales, se produjeron durante este período por la violencia familiar, 48.300 fueron mujeres y 6.294 hombres. Es decir, 88,5% frente a 11,5%. Por nacionalidades se observa que el 77% son españolas y el 23% son extranjeros.
En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en el primer semestre también se produjo un incremento del 18% en relación al mismo período de 2004. De 17.017 denuncias se ha pasado a 20.079. De ellas se acordaron 15.330 y se denegaron 4.749. Es decir, 76% frente a 24%.
Comas explica que el aumento del 8% en el número de denuncias presentadas no significa que haya aumentado la delincuencia, sino que las víctimas acuden a los juzgados por hechos que antes no acudían a la vista de que existe una mejor respuesta de los poderes públicos y judicial. En su opinión, la modificación del Código Penal, que tipifica como delito conductas que antes eran falta, explica también el aumento. Es el caso, por ejemplo, de las amenazas o coacciones en las que, según ella, "existía el beneplácito del fiscal" para que los hechos quedasen en falta.
Conductas delictivas
Manuel Oliete, secretario de la Federación de Padres y Madres por la IgualdaD y la Custodia Compartida, realiza una interpretación muy distinta de las cifras y considera que, en ocasiones, existe un interés espúreo en acudir al juzgado. "Se están criminalizando conductas leves que jamás deberían ser delito y que, en algún caso, sirven para que la mujer tenga ventajas a la hora de escoger un centro público educativo o a recibir una ayuda oficial".
Durante los primeros seis meses de este año los tribunales de justicia españoles -audiencias provinciales, juzgados de instrucción y juzgados de lo penal- resolvieron 24.236 procedimientos por violencia familiar. 10.360 finalizaron con sentencia condenatoria, lo que representa el 43%, pero otros 7.772 casos fueron archivados. Es decir, el 32%. En lenguaje judicial se denomina sobreseimiento provisional, cuando no existen motivos suficientes para acusar al denunciado, o bien sobreseimiento libre, cuando el juez entiende que la situación descrita no constituye delito. Finalmente, 6.104 procedimientos finalizaron con sentencia absolutoria, lo que en porcentajes significa el 25%.
En el mismo período del año pasado, acabaron en condena 17.883 asuntos y otros 7.773 fueron absoluciones. No existen datos oficiales sobre la cifra de asuntos archivados por los jueces en aquella época.
Canarias es la que más denuncia
El análisis de las cifras por comunidades ofrece diferencias significativas sin que exista un motivo claro, pero ahí están. Así, por ejemplo, los jueces y magistrados de Aragón son los que conceden más órdenes de protección solicitadas (91%), seguidos de los de La Rioja (87%) y Castilla-La Mancha (84%), mientras que los de Madrid (63%) y el País Vasco (64%) son los que menos órdenes otorgan. La media nacional es del 76%.
Esta disparidad, sin embargo, no afecta sólo a las decisiones judiciales, sino también al comportamiento de los ciudadanos. Los que menos denuncias por violencia doméstica retiran son los cántabros (5%), mientras que los navarros retiran el 24%, un porcentaje alto si se compara con el 10,5% del conjunto de España. La comunidad más denunciante es Canarias, con una 5,58 denuncias de mujeres por mil habitantes femeninos. La que menos, Castilla-La Mancha y Aragón, con 1,22%.
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