¿Necesita ZP al PP?

"El PSOE carece de apoyos para enmendar el Estatuto catalán", titulaba este periódico hace ocho días. La noticia aludía a la resistencia de los aliados del Gobierno a modificar el texto "de dudosa constitucionalidad" llegado al Congreso con el aval del 88% de los diputados del Parlamento catalán. La conclusión era que, si querían adecuar el proyecto a la Constitución, los socialistas -sin mayoría- tendrían que conseguir el apoyo del PP.

La noticia ha ido matizándose luego, pero el impacto que produjo de entrada llevó a plantear la cuestión de si no era una temeridad aprobar una ley orgánica de tanta trascendencia con el voto en contra de un partido que cuenta con el 38% de los votos y que está llamado a sustituir en su momento al PSOE en el Gobierno. En un artículo publicado aquí hace dos días, J. M. Ruiz Soroa llamaba la atención sobre la contradicción de exigir un amplio consenso a las comunidades que plantean reformas y no hacer ningún esfuerzo por conseguir ese mismo consenso en el conjunto de España, pese a que todo el mundo reconoce que los cambios propuestos afectan al modelo territorial y no sólo a Cataluña.

Conscientes de esa contradicción, algunos socialistas propugnan un acercamiento al PP. Ramón Jáuregui lo ve factible porque a ese partido no le interesa quedarse "al margen de un Estatuto constitucional aprobado por las Cortes" (Abc, 9-10-2005). La idea es que, tras votar contra la toma en consideración del proyecto (y perder la votación), el PP, corrigiendo su posición actual de todo o nada, se implicaría en el debate pormenorizado del articulado. Especialmente en temas como la financiación, que afecta a los intereses de otras autonomías. Sería deseable que así ocurriera, pero el momento no es propicio.

Condicionados en su política de alianzas por la opción previa de Maragall en Cataluña, los socialistas -con Rubalcaba al timón- han venido escenificando iniciativas cuyo objetivo más visible era reafirmar los lazos con ERC e IU (y otros aliados ocasionales) sobre la base del principal factor de unidad entre ellos: el rechazo radical a todo lo que representa el PP. Así, se han planteado votaciones tan artificiosas como la que, en mayo pasado, dos años después de la guerra de Irak, declaraba probado que en ese país no había armas de destrucción masiva; o la más justificada, pero también algo teatral reprobación en junio del ex ministro Trillo. Por no hablar de la relativa a la negociación con ETA, planteada a sabiendas de que el PP votaría en contra y pese a la conveniencia del consenso en tema tan delicado.

El PP, por su parte, ha reaccionado a esa presión supeditando otras consideraciones más interesantes a la obsesión por defender su pasado (a veces aferrándose a teorías paranoicas como la de la conspiración del 11-M) y, sobre todo, a la de acreditar su principal y casi único argumento: el de que los socialistas eran rehenes de unos aliados antisistema, lo que ponía en peligro la unidad de España. Una consecuencia fue que, en lugar de exigir, con la fuerza de sus 148 escaños, consensuar leyes como la de Defensa o incluso la de Educación, ha preferido quedarse al margen para cargarse de razón en su acusación de que ZP prefería pactar con los independentistas de ERC.

Ese discurso había resultado poco rentable para el PP. Hasta que se conoció el proyecto de Estatut. En pocos días, los ocho puntos de distancia que le sacaba el PSOE se han reducido a dos. Ello ha provocado alarma entre los socialistas y pronunciamientos a favor de enmendar a fondo el proyecto. Es de suponer que intentarán convencer a Artur Mas, Carod y compañía (incluyendo aquí a un Llamazares más papista que el Papa) de que respalden sus enmiendas, pero no es seguro que lo consigan. Es posible que sólo acepten si aparece como verosímil un acuerdo con el PP. Pero ¿en nombre de qué iba Rajoy a hacer ese favor a Zapatero ahora que por fin ve los frutos de su estrategia? En nombre de los principios que proclama: la defensa de la Constitución frente a aventuras rupturistas.

Sin embargo, ¿quién podría invocar principios democráticos para exigir responsabilidad a Rajoy después de haber suscrito el insólito compromiso de "impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado" y de no establecer con ese partido "pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales"? ERC ya invocó esa cláusula del acuerdo del tripartito catalán para exigir al PSOE que no pactase con el PP la reforma del Estatuto valenciano.