El PP estudia la destitución de Herráez como responsable de vivienda del partido

El comité de dirección del Partido Popular de Madrid estudiará en su próxima reunión, prevista para dentro de 10 días, si destituye como responsable de la política de vivienda en la región a Sigfrido Herráez, que ha sido nombrado vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet para dirigir las áreas de construcción y promoción inmobiliaria. Hasta el pasado 26 de septiembre, cuando renunció a su acta de edil, Herráez era el concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. "Nos hemos enterado por los medios de comunicación de su nuevo trabajo", explicó ayer Francisco Granados, secretario general del PP.

Herráez comunicó a la dirección del PP que, tras abandonar su cargo en el Consistorio, se iba a trabajar a la empresa privada. "Siempre pensamos que se refería a alguna empresa familiar que tiene intereses en el extranjero, nunca que iba a trabajar con una sociedad que tiene intereses en la Comunidad de Madrid", señaló Granados, que explicó que, si bien no existe incompatibilidad en el nuevo cargo que desempeña Herráez, el comité de dirección del PP lo estudiará en su próxima reunión."De Sigfrido Herráez depende la política de vivienda en el partido a escala regional y debemos estudiar si es conveniente que siga siendo así", dijo el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El dirigente popular explicó que había comentado con la presidenta Esperanza Aguirre la noticia y que ella se mostró igualmente "sorprendida" por el rumbo profesional tomado por Herráez.

El nuevo puesto del ex concejal también sorprendió a los grupos municipales de oposición, de forma negativa. Tanto la portavoz socialista, Trinidad Jiménez, como la de IU, Inés Sabanés, coincidieron en que el paso de una función pública a la empresa privada, dentro del mismo sector, es una "cuestión de ética", aunque aparentemente no haya conflicto legal.

"Lo que ha ocurrido es un escándalo político", destacó Jiménez, que recalcó que hay un "conflicto evidente de intereses" en el hecho de que un concejal de Vivienda pase en dos semanas a trabajar en una empresa inmobiliaria en la misma ciudad. "Desde un punto de vista ético, los políticos no podemos dar esa imagen. Esto afecta a la credibilidad de la clase política y nos hace daño a todos", subrayó la portavoz socialista.

Jiménez reclamó al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que elabore un estatuto del concejal que permita exigir a los ediles las mismas incompatibilidades "que a cualquier cargo público" de la Administración central, donde aplique algún tipo de sanción, aunque reconoció que no tendría validez penal. Por eso, reclamó que, en todo caso, Gallardón tome las medidas oportunas para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

Desde IU, Inés Sabanés manifestó que, "aunque no alcance a los concejales el mismo proceso de incompatibilidades" que a los cargos públicos, es "cuestionable" que no haya ilegalidad en el nuevo cargo de Herráez, puesto que "habría que ver cómo han influido sus decisiones previas en los proyectos que ha recibido la empresa para la que trabaja ahora". La empresa Rayet, que ha fichado al ex edil, tiene promociones de vivienda en el ensanche de Vallecas y Villaverde. Además, Sabanés afirmó que el ex edil debería haber tenido "sentido político y ético". Y apeló al partido de Herráez para que éste de cuentas: "Los códigos éticos internos del PP algo dirán al respecto", afirmó. Herráez rechazó hacer declaraciones y remitió a una portavoz de Rayet, que tampoco quiso comentar nada ajeno a las actividades de la empresa.

Gallardón pide cambiar la ley

El alcalde afirmó por la mañana que la marcha de Herráez a una inmobiliaria "es legal", pero apostilló: "Lo que él me dijo cuando se fue del Ayuntamiento es que iba a ejercer como arquitecto fuera de Madrid, en otras ciudades. Lo que se ha publicado ahora es diferente a lo que él me dijo".

Gallardón se negó a hacer una "crítica" al ex edil, pero se mostró partidario de que se cambie la ley estatal que regula las incompatibilidades de los concejales. "Soy partidario de que se extienda a los ayuntamientos el régimen de incompatibilidades que rige en otras administraciones. No entiendo por qué tiene que ser diferente", señaló el alcalde. En la administración central y en la autonómica, los altos cargos que cesan en su puesto tienen que dejar pasar dos años antes de fichar por una empresa privada relacionada con el sector sobre el que tuvieron competencia.

Sobre la petición de Jiménez para elaborar un estatuto del concejal, el edil de Hacienda, Juan Bravo, afirmó: "Eso es insuficiente, porque lo que aprobase el Ayuntamiento se quedaría en todo caso en una declaración de intenciones, sin capacidad jurídica. Sólo una ley puede extender el régimen de incompatibilidades a los concejales, y eso es lo que ha pedido el alcalde. El Gobierno central trabaja en un proyecto de ley para modificar la Ley de Bases de Régimen Local. Éste es el momento para introducir ese cambio".