La Audiencia Nacional anulará todas las euroórdenes solicitadas por Alemania
Los detenidos quedarán en libertad si en 40 días no se reclama su extradición
La Audiencia Nacional anulará todas las euroórdenes solicitadas por Alemania por entender que este país se ha autoexcluido del sistema de cooperación judicial basado en la euroorden. Alemania denegó en julio la entrega a España del ciudadano alemán Mamoun Darkazanli, sospechoso de pertenecer a la organización terrorista Al Qaeda, y luego decidió tramitar como extradiciones las euroórdenes españolas. Por ello, la Audiencia española decidirá hoy pagar con la misma moneda a los alemanes, en aplicación del principio de reciprocidad, según fuentes del citado órgano.
La denegación de la entrega de Darkazanli se produjo por intervención del Tribunal Constitucional alemán, que consideró inconstitucional la ley que transpone la euroorden, es decir, la normativa comunitaria sobre la cooperación jurídica que abrevia trámites para la entrega de reclamados entre determinados Estados de la UE, a la legislación alemana.
Según el tribunal con sede en Karlsruhe, el legislativo alemán no tuvo cuidado al adaptar la euroorden y no respetó determinadas garantías fundamentales para los ciudadanos alemanes, como es que puedan ser juzgados en Alemania cuando los delitos por los que están reclamados por otros Estados se hayan cometido en ese país.
En principio, la decisión se refería al caso concreto de Darkazanli, y la Embajada de Alemania en Madrid anunció a la Justicia española que la decisión no afectaba a las otras euroórdenes solicitadas por España, pero luego, en la práctica, no ha sido así.
Finalmente, Alemania ha decidido tramitar como extradiciones todas las euroórdenes que ha pedido España.
Engañados
En julio, un pleno no jurisdiccional -para unificación de doctrina- de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió seguir tramitando normalmente las euroórdenes alemanas, hasta que se recibiera comunicación oficial sobre el alcance y efectos de la decisión del Tribunal Constitucional alemán.
La ministra de Justicia alemana anunció que en pocas semanas habría una nueva ley que subsanase los defectos de la que fue anulada. Pero, a pesar de la disposición del Gobierno alemán, que además explicó públicamente que admitiría las euroórdenes españolas, la Justicia alemana no las ha tramitado como tales. Por el contrario, los jueces alemanes han reconvertido las euroórdenes procedentes de España en procesos de extradición con sus correspondientes plazos.
Los magistrados españoles se han sentido engañados, según fuentes de la Audiencia, por lo que hoy, en un nuevo pleno, acordarán previsiblemente la aplicación del punto 2 del acuerdo adoptado en julio. Ello supondrá la anulación de las euroórdenes solicitadas por Alemania y su consideración como órdenes de detención internacional a efectos de extradición.
El hecho se podrá en conocimiento de las autoridades alemanas para que en un plazo de 40 días presenten por la vía diplomática la documentación exigida en el Convenio Europeo de Extradición.
En el caso de que las autoridades alemanas no presenten la documentación en el plazo mencionado, la Audiencia Nacional deberá archivar el procedimiento y decretar la libertad del reclamado.
Poco peligrosos
Para el supuesto de que Alemania presentase la documentación dentro del plazo fijado, será preceptivo que el Consejo de Ministros autorice la continuación del procedimiento. En caso de negativa del Ejecutivo, el caso sería archivado.
En la actualidad, se encuentran pendientes de tramitación poco más de medio centenar de euroórdenes procedentes de Alemania, de las que seis u ocho, según fuentes de la Audiencia, podrían concluir en breve con la libertad de los reclamados.
Las mismas fuentes han precisado que aunque los detenidos que podrían quedar en libertad están reclamados por la supuesta comisión de delitos a los que se puede aplicar la euroorden y la pena a imponer supera los tres años de prisión, no se trata delincuentes especialmente peligrosos.
Entre ellos no hay ningún terrorista, ni persona acusada de homicidio o asesinato. Se trata, en general, de estafas, fraudes, robos organizados o a mano armada, tráfico de drogas, falsificación de documentos o falsificación de moneda.
