La Carta de Barcelona

La Carta Municipal de Barcelona aprobada por el Consejo de Ministros, que será discutida y votada a partir de septiembre en el Congreso de los Diputados, mejora las competencias y la financiación de la capital catalana, una ciudad con un millón y medio de habitantes en el centro de una conurbación que suma otros tres, dimensiones muy

parecidas a las de Madrid.

Llegar hasta este punto ha requerido casi 20 años de reclamaciones reiteradas por parte del Consistorio, que siempre chocó con la oposición de la Generalitat de CiU, más dispuesta a favorecer la Cataluña rural, su vivero de votos, que a la urbana. El pleno municipal consiguió aprobar la Carta en 1997 con el apoyo de todos los grupos y un año después el Parlament la ratificó. Hace un par de semanas se selló con el ministro de Administraciones Públicas el acuerdo final del texto que se remitirá a las Cortes con el apoyo del grupo municipal de CiU y la tibia abstención del Partido Popular.

La Carta tiene dos partes: una, más doméstica, que obliga a la colaboración estrecha entre el Ayuntamiento y la Generalitat, por ejemplo, en la creación de consorcios para la promoción de vivienda pública, la educación o el bienestar social. Y otra más general, en materias como la financiación, donde la ley prevé la cesión directa de impuestos que ahora recauda el Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales). Igualmente, estipula el concurso del Estado en infraestructuras hasta ahora financiadas en exclusiva por las arcas municipales, pero cuya trascendencia excede las dimensiones de la ciudad, y, en sentido inverso, contempla la participación del gobierno municipal en infraestructuras estratégicas dependientes de la Administración del Estado, tales como el puerto, el aeropuerto o la red ferroviaria de cercanías. La Carta obligará también a modificaciones judiciales. La introducción de la llamada "justicia de proximidad" para pequeños conflictos vecinales, dirimidos no por jueces de carrera, sino por licenciados en derecho, ha desencadenado ya un proceso de cambios en la legislación del sistema judicial.