El Colegio de Abogados de Cádiz cuestiona la labor del bufete del edil de Urbanismo
El decano del Colegio de Abogados de Cádiz, José Antonio Gutiérrez Trueba, cuestionó ayer la actuación del bufete de abogados del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento gaditano, José Loaiza, al considerar que uno de sus socios incurrió en incompatibilidad al representar como letrado al promotor inmobiliario Enrique Arroyo, señalado como asustaviejas (personas que recurren a las coacciones para desalojar inmuebles) por dos dirigentes vecinales de la capital.
El decano del Colegio de Abogados aludió al artículo 6 del Código Deontológico de la profesión, que detalla que todas las limitaciones de uno de los socios de un bufete, como es el caso del edil de Urbanismo, son extensibles al resto de letrados que lo conforman.
Este artículo pudo transgredirlo este bufete cuando el abogado Alfonso Pozuelo, marido de la también edil popular Mercedes Colombo y socio de Loaiza, fue el letrado del promotor Enrique Arroyo en una denuncia de un vecino por un caso urbanístico. "Una persona con responsabilidad política no debe intervenir en ningún asunto de urbanismo desde su despacho y tampoco, por extensión, sus socios", dijo Gutiérrez.
Las ejecutivas provincial y local del PSOE de Cádiz se apoyaron en este pronunciamiento para exigir nuevamente a la alcaldesa, Teófila Martínez, la dimisión "fulminante" del concejal de Urbanismo.
Asimismo, los socialistas pidieron la destitución del primer teniente alcalde, Enrique García Agulló, y de la concejal de la Mujer, Mercedes Colombo, por su relación directa o indirecta con el caso.
