El Congreso regula por ley la respuesta ante ataques suicidas como los del 11-S

No es un militar ni un ministro. La persona que tiene en España la grave responsabilidad de decidir en cuestión de minutos si ordena el derribo de un avión de pasajeros secuestrado con fines terroristas, como sucedió en Estados Unidos el 11-S de 2001, es Francisco Pardo, secretario de Estado de Defensa y personaje poco conocido por el público, ya que rehúye el contacto con la prensa. La ley Orgánica de Defensa Nacional, que hoy debate el Congreso, dará cobertura legal a un sistema regulado desde abril de 2004 por un acuerdo secreto del Gabinete de Crisis.

El procedimiento prevé usar una contraseña para que nadie pueda suplantar su identidad

El Gabinete de Crisis designó a Pardo 'Autoridad Renegade' antes de la boda real

Francisco Pardo Piqueras no frecuenta el cine o el teatro. Pero cuando lo hace, desatiende la petición de que apague su teléfono móvil. No es por mala educación. Quizá sea el único alto cargo que no puede permitirse el lujo de permanecer un instante ilocalizable. Esta servidumbre no se la debe a su condición de secretario de Estado de Defensa, sino a su carácter de Autoridad Nacional Renegade (Renegado). En sus manos está la versión nacional y actualizada del mítico maletín nuclear de la Guerra Fría. El gatillo de los cazas del Ejército del Aire frente a ataques como los que sufrieron Nueva York y Washington en septiembre de 2001.

El Grupo Socialista ha introducido una enmienda a la ley Orgánica de Defensa Nacional, que hoy debate la Comisión de Defensa del Congreso, para legalizar por primera vez en España la conducta ante estas situaciones.

El texto, transaccionado con Coalición Canaria y pactado con el Ministerio del Interior, incluye, entre las misiones de las Fuerzas Armadas, "la respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses. A estos efectos", agrega el texto, "el Gobierno designará la Autoridad Nacional responsable y las Fuerzas Armadas establecerán los procedimientos operativos pertinentes".

En realidad, dicha autoridad ya existe y los procedimientos se han ensayado, pero incluir este mecanismo en una ley, que además tiene rango de orgánica, supone dotar de mayor cobertura legal a una de las funciones más delicadas que puedan existir: decidir, llegado el caso, si se acaba con unas vidas humanas para salvar otras.

Hasta ahora, el sistema de defensa frente a este tipo de ataques venía regulado por un acuerdo de la Comisión Delegada para Situaciones de Crisis de finales de abril de 2004.

Dicha comisión aprobó el dispositivo de seguridad de la boda del Príncipe de Asturias, celebrada en La Almudena el 22 de mayo, y atribuyó al secretario de Estado de Defensa la autoridad para abatir aeronaves controladas por terroristas suicidas.

La preocupación no era infundada. El servicio secreto CNI había alertado de una serie de robos de ultraligeros en distintos puntos de España y se temía que pudieran ser usados para atentar contra la boda.

El Gobierno del PP también había nombrado una Autoridad Renegade con motivo de algunos acontecimientos internacionales, como la conferencia de donantes de Irak en el otoño de 2003, pero ligada siempre al desarrollo de los mismos y no con carácter permanente.

El Ejecutivo del PSOE estimó, por el contrario, que la única forma de que el sistema funcionase eficazmente era darle continuidad. Además, aunque determinados eventos suponían un incremento del riesgo, el 11-S y el 11-M demostraron que la amenaza terrorista podía materializarse en cualquier momento, por lo que siempre había que estar preparados.

¿Por qué encomendar esta difícil tarea al secretario de Estado de Defensa? El Gobierno consideró, según las fuentes consultadas, que el responsable de adoptar una decisión tan delicada no podía ser un técnico. Es decir, el militar debe ofrecer los datos que avalan que un avión ha sido secuestrado por terroristas que se proponen utilizarlo en un atentado suicida pero, al final, siempre existe un margen de duda sobre cuál es la opción más adecuada. Y sólo un político, no un militar, debe responder de la que se adopte.

La decisión de que sea un secretario de Estado, y no un ministro o el propio presidente del Gobierno, quien asuma esta responsabilidad se debe, según las mismas fuentes, a su mayor disponibilidad. Se trata de que no haya ningún reparo para interrumpir a la autoridad competente, cualquiera que sea la actividad que esté realizando, aunque la mayoría de las veces se trate de una falsa alarma.

De hecho, la decisión del Gobierno responde a una demanda de la OTAN, cuyo Comité Militar aprobó en mayo de 2002, meses después del 11-S, el llamado Concepto Renegade e instó a los países miembros a designar a sus respectivas autoridades nacionales. Aunque la defensa aérea de la OTAN es integrada, la decisión de derribar un avión civil es tan delicada que se considera propia de la soberanía de cada Estado. Lo que sí ha aportado la OTAN son los procedimientos ante este tipo de situaciones.

El secretario de Estado de Defensa está en conexión directa con el teniente general Manuel García Berrio, jefe del Mando Aéreo de Combate, con base en Torrejón (Madrid). Si un avión fuera clasificado como renegade, el general Berrio se pondría inmediatamente en contacto con Pardo, quien desde ese momento dirigiría toda la operación. Si hubiera tiempo, podría consultar con Bono o Zapatero, pero legalmente sería suya toda la responsabilidad.

Antes de llegar a un eventual derribo, la OTAN prevé la adopción de una serie de medidas para asegurarse de que se trata de un piloto suicida e intentar disuadirle: desde un mensaje por radio, pasando por las señales visuales e incluso los disparos de advertencia.

En este tipo de situaciones, todos las precauciones son pocas. A pesar de que Pardo y García Berrio se conocen de sobra, el procedimiento prevé el uso de una contraseña para evitar que alguien pudiera imitar la voz del secretario de Estado y suplantar su identidad.

Hasta ahora, más allá de los ensayos, el sistema no se ha activado por ningún caso real. Hace unos meses, un avión procedente de Francia entró en el espacio aéreo español. No sólo no contestaba a los requerimientos, sino que llevaba el transpondedor desconectado, lo que impedía su identificación automática. Sin embargo, a la altura de Zaragoza, pudo ser finalmente identificado. Todo quedó en un sobresalto.

El conocimiento que Pardo, como alto cargo de Defensa, tiene del Ejército del Aire ha pesado, según las fuentes consultadas, en su designación como Autoridad Renegade. También habrá influido, sin duda, su confianza con Bono. Desde que ingresó en la Junta de Castilla-La Mancha en 1988, este albaceteño de 43 años, licenciado en Derecho, casado y con dos hijos, se ha convertido en uno de los colaboradores más íntimos del ministro, de quien fue director de Gabinete y consejero de Presidencia, además de representante personal en el traspaso de poderes del Ministerio de Defensa. Como pasa con muchas parejas, Pardo parece la antítesis de Bono. De tan reservado, no se sabe dónde acaba la timidez y empieza la prudencia.