El fiscal afirma que en el 'caso Turismo' no se ha llegado al fondo porque "imperó la ley del silencio"

El fiscal renoció ayer que el llamado caso Turismo, relativo a la supuesta malversación de casi un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña, no ha podido ser investigado a fondo por la justicia porque "imperó la ley del silencio". En su opinión, existió un "paraguas salvador" que sostenía "alguien que no ha sido identificado" y que lo único que pretendía era "entorpecer la investigación judicial". Asimismo afirmó que el juicio ha servido para "esclarecer el destino del dinero" e insinuó que sirvió para financiar a Unió Democràtica de Catalunya (UDC).

El fiscal Fernando Rodríguez Rey empleó argumentos jurídicos y otros que escapan a los códigos legales para solicitar del tribunal de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona que condene a los 12 acusados que se sientan en el banquillo a penas que van de los dos a los seis años de prisión, y los acusa de prevaricación, malversación y falsedad. Los supuestos delitos se cometieron a través del encargo a diversas sociedades de informes sobre el sector turístico que fueron copiados o eran inútiles.

"Estamos ante un caso de manual de corrupción", dijo el fiscal, al tiempo que recordaba que en la cúspide de la trama estaba Joan Cogul -director del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1993 y 1995-; que los beneficiados de la malversación fueron sus familiares, amigos o conocidos, casi todos militantes de UDC, y que éste era el partido del que dependía el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat.

"Casos así son los que socavan el sistema democrático y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, porque se utilizan los fondos públicos para beneficio particular", aseguró el fiscal. Más adelante, reconoció que el caso le producía una sensación de frustración porque no se ha juzgado a Joan Cogul, que se suicidó en Manila en enero de 2003. "De haber estado en el banquillo, nos podría haber acercado a la realidad", precisó. El fiscal también argumentó que la investigación judicial puso haber sido mucho más profunda de no haber actuado ese "paraguas protector" que no identificó, pero que dio a entender que se situaba en la dirección de UDC.

Reconoció la fiscalía que "los verdaderos responsables" de la trama no se han identificado, aunque en su escrito de conclusiones definitivas apunta a dirigentes de Unió, y recordó que en el año 1992 desaparecieron del consorcio casi 3.000 expedientes. "Habría que preguntarse qué contenían, a quién perjudicaban, quién lo ordenó y por qué se esfumaron".

"Fargas dijo la verdad"

La fiscalía sostiene que Carme Fargas, la viuda de Cogul, "dijo la verdad" cuando señaló que Josep Antoni Duran Lleida, Josep Sánchez Llibre y Jordi Casas presionaron a su marido para que desviase el dinero, y recordó que el partido "compró el silencio" de Fargas con pagos mensuales de 600 euros cuando la fiscalía estaba investigando el caso. Todos estos elementos, dijo, dan "un tinte político" al juicio, aunque precisó que no se trataba de "politizar la justicia".

Joan Josep Queralt, el abogado contratado de la Generalitat, aseguró que ese juicio era el primero por corrupción política en Cataluña desde el restablecimiento de la autonomía y destacó que el Gobierno de CiU conocía en 1996 "que se estaba cometiendo un delito en el Consorcio de Turismo y no hizo nada". En su opinión, "el hecho de que el dinero sirva para financiar a un partido resulta irrelevante", porque la gravedad del caso es que "una serie de personas sangraron el presupuesto público para intereses personales".

El abogado, al igual que el fiscal, recordó que la dirección de Unió aún no ha enviado al tribunal los documentos que prometió sobre los pagos a Fargas y Cogul, y refiriéndose a éste, aseguró: "Si las llaves de la puerta se las damos a un sinvergüenza, no hace falta que después llamemos a un cerrajero".

Vladimir Blanes, el abogado de Iniciativa per Catalunya Verds, que también acusa en el proceso, reclamó una "sentencia ejemplar" por considerar que "la justicia no se puede lavar las manos", y Xavier Rotllan, que perteneció al sector crítico de UDC y que también ejerce la acusación, dijo que los acusados eran "hombres de paja y testaferros" y lamentó que no estuviesen sentados en el banquillo Duran Lleida, Sánchez Llibre o el ex consejero Lluís Alegre.