Un fiscal de menores responsabiliza a los educadores del acoso escolar

El fiscal coordinador de Menores de la Fiscalía de Valencia, Manuel Dolz, aseguró ayer que será "contundente" contra el acoso escolar y advirtió de la responsabilidad por omisión de los educadores y responsables de los centros donde se producen estas acciones porque "forzosamente" se deben detectar. Según Dolz, los profesores son los que conocen qué está ocurriendo dentro de las aulas y los directores de los centros deben actuar con responsabilidad. Tres de cada 10 alumnos de la ESO dicen haber padecido insultos, el 8,5% ha sido amenazado, y el 4,1%, agredido, según un informe del Defensor del Pueblo de 2000.

"Rechazo esa afirmación de que lo que ocurre es que la víctima es débil. Todas las víctimas son débiles. Nuestra obligación, la del fiscal por supuesto pero también la de los educadores, es protegerles". Dolz precisó que su impresión es "que hay un incremento de la violencia en las aulas, de los casos también de acoso escolar" pero no pudo concretar datos. "La mayoría de las situaciones se denuncian como episodios únicos de lesiones, de amenazas o de coacciones", añadió. El fiscal reclamó ayer una mayor fluidez en la información entre docentes, consejerías y fiscalía.

El caso de Cristina

Por su parte, la Fiscalía de Menores de Alicante está a la espera de conocer el informe policial sobre la muerte de Cristina, la adolescente de 16 años que se arrojó por un puente de Elda a causa, según denunciaron los padres, de un "constante acoso escolar" por parte de tres compañeras de clase. Fuentes policiales apuntaron ayer que el informe no estará concluido hasta, al menos, dentro de diez días ya que la investigación se ha visto interrumpida por las fiestas locales.

Por otra parte, el Defensor del Menor de Andalucía, José Chamizo, pidió ayer a la Consejería de Educación y a los centros escolares que "estén más atentos" contra el acoso, informa Efe.

Además, el grupo parlamentario de Izquierda Unida, Izquierda Verde e Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso que insta al Gobierno a que elabore, antes del fin de año, un plan integral contra el matonismo en las aulas. Este plan debería incluir líneas telefónicas gratuitas para la atención a las víctimas y para denunciar casos de violencia entre los alumnos además de la creación de un Observatorio de maltrato. El texto contiene ocho puntos, entre los que destacan que las escuelas cuenten con personal especializado en este tipo de conductas, que los centros educativos presenten informes detallados a las administraciones de las incidencias que hayan ocurrido durante el curso, formación para todo el profesorado, alumnos y familias sobre el fenómeno y campañas de sensibilización para la comunidad educativa y la población general.