El tripartito acusa a CiU de haber dejado en Adigsa obras sin concurso por 4,8 millones
El tripartito se encontró al llegar al poder obras comprometidas por la empresa pública Adigsa, encargada de gestionar el parque de vivienda social del Gobierno catalán, por 4,8 millones de euros. Con una característica común: fueron adjudicadas sin concurso público a diversas empresas del sector. Así figura en un informe remitido por el actual Gobierno a la comisión del Parlament que analiza la crisis del Carmel y la adjudicación de las obras públicas en los últimos años. El informe remitido se ocupa fundamentalmente de dos aspectos: los pisos vacantes de Adigsa, que superaban el millar, y las obras en distinta fase de realización o encargo, todas ellas sin concurso público, hechas por la empresa y heredadas por el actual Ejecutivo.
Respecto a los pisos vacantes, el informe alude a una auditoría encargada a una empresa externa. Ésta señala que la adjudicación de viviendas cuando quedaban vacantes, era tan prolija y se dilataba tanto en el tiempo (hasta 36 meses, con una media superior a 13 meses) que al final la empresa recibía más viviendas vacías de las que adjudicaba a los solicitantes.
Un portavoz de CiU comentó al respecto que el documento sobre Adigsa fue repartido a los grupos el pasado viernes y estaba siendo analizado por los diputados de la comisión, y aseguró que siempre se actuó dentro de la legalidad. El documento entró en el Parlament el pasado 12 de mayo y fue fotocopiado y entregado a los grupos que preparaban las resoluciones al día siguiente. Pero sólo un grupo alude al mismo en las conclusiones sobre la obra pública en Cataluña: ICV, que critica que hubiera compromisos de gasto sin tramitación administrativa y facturas sin procedimientos de contratación.El informe remitido al Parlament detalla las cantidades comprometidas por la anterior Administración, información que fue también remitida a la Intervención General del Gobierno catalán para buscar una solución y efectuar los pagos sin dotación presupuestaria clara.
Hay tres tipos de obras, cuyos importes se detallan en los correspondientes apartados. El primero, bajo el epígrafe "realizado" incluye "aquellas obras que ya estaban realizadas y que no habían seguido el conducto habitual". Suman 1,2 millones de euros. El segundo epígrafe es el de obras "previstas en curso". Se refiere a obras "en marcha", pero no aprobadas. Esta partida suma 2,4 millones de euros más. Finalmente, hay un bloque de obras calificadas como "previsión solicitada", que eran compromisos contraídos hasta finales de 2004. Esta partida suma casi 1,2 millones de euros.
Los diputados han recibido también la carta dirigida a la Intervención General, donde se explica que el consejero delegado de Adigsa, Miquel Bonilla, "mantuvo un entrevista con dos industriales" ya que éstos habían presentado "una lista de facturas pendientes de cobro que, tras ser contrastadas con la contabilidad de la sociedad, se detectó que eran facturas sin procedimiento previo de contratación" y que se "ignoraba su existencia". Uno de estos industriales era José Antonio Salguero, que posteriormente declaró que obtenía los contratos a través de José María Penín, pariente lejano del ex consejero Felip Puig, con quien coincidió en diversos departamentos del Gobierno y en CDC.
El informe de Adigsa enviado al Parlament señala que se están regularizando los pagos contraídos, tras verificar que se trata de obras realmente efectuadas y que se pretende que todo quede liquidado dentro del presupuesto de 2004.
