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El terrorismo y la cooperación económica dominan la agenda de la primera cumbre árabe-suramericana

Juan Arias

Hoy comienza en Brasilia la primera cumbre entre 22 países árabes y América del Sur. Se trata de una baza importante conseguida por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desea colocar a este país como un interlocutor de primer orden en las relaciones internacionales. Aunque habrá un comunicado final en el que se tocará el asunto del terrorismo mundial, lo que más interesa a Lula es fortalecer los lazos con nuevos mercados, en especial, los árabes. Una cumbre paralela reunirá a cerca de 800 empresarios, de los cuales 400 son brasileños, 200 del resto de Suramérica y 200 árabes.

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Celso Amorim, esta cumbre "será la primera ocasión en que la comunidad suramericana aparecerá dialogando con otra región del mundo". Para Amorim, se trata de "diversificar las relaciones internacionales". A pesar de que a la cumbre han faltado algunos líderes árabes, como el dirigente libio Muammar el Gaddafi; el presidente sirio, Bachar el Asad, y el egipcio, Hosni Mubarak, 22 mandatarios de otros países desembarcaron ayer en Brasilia. Entre los asistentes, el presidente palestino, Mahmud Abbas, y el iraquí, Yalal Talabani.

Ayer almorzaron los presidentes Lula, Néstor Kirchner, de Argentina, y Hugo Chávez, de Venezuela, quien se está convirtiendo en una de las figuras más emblemáticas y polémicas de América del Sur. La comida tenía también como finalidad limar las tensiones entre los presidentes de Argentina y de Brasil, después de que Kirchner acusara a Lula de querer acaparar todos los puestos en las instituciones internacionales e incluso de haber querido hasta "nombrar a un Papa brasileño". Uno de los escollos del documento final de la cumbre ha sido el de la condena del terrorismo. Ha habido presiones tanto de Estados Unidos como de Europa y de Japón para que el documento condene "todos los terrorismos", mientras que los árabes, los palestinos y algunos países de América del Sur, como Venezuela, querían que se distinguiese entre terrorismo y "defensa nacional". Al final, el documento admitirá sólo el derecho a la defensa en caso "de una ocupación extranjera" del propio país.

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