El respaldo de Fox a López Obrador dispara la tensión con el PRI
El acuerdo entre el presidente y el alcalde de la capital de México abre otra crisis política
El giro de 180 grados dado por el Gobierno mexicano en el caso del desafuero del alcalde de la capital, Andrés Manuel López Obrador, ha desactivado la tensión política con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que controla las movilizaciones callejeras. Pero la crisis se traslada ahora a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), referente indiscutible de la política mexicana, y al gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN).
Ambos partidos han recibido con indignación y división de opiniones el capote lanzado por el presidente Vicente Fox al alcalde desaforado. La reacción más virulenta fue la del líder nacional del PRI, Roberto Madrazo, quien, recién llegado de España, se encontró con la noticia del cambio de rumbo del Gobierno. El jefe priista y aspirante a la presidencia de la República criticó con dureza a Fox. "El país está hecho un caos, aléjese de la controversia, no se meta en los asuntos electorales, no complique ese proceso como ha complicado ya suficientemente la vida de este país", dijo Madrazo en su primera reacción al mensaje presidencial, en el que el mandatario había anunciado la defenestración del procurador general (fiscal) de la República, Rafael Macedo de la Concha.
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados ha advertido de que la postura del Gobierno de revisar a fondo el expediente del caso López Obrador tendrá consecuencias a la hora de llegar a acuerdos legislativos. La amenaza no es menor, si se tiene en cuenta que el Ejecutivo necesita los votos priistas para la iniciativa que presentará próximamente a la Cámara para resguardar los derechos políticos de los ciudadanos sujetos a juicio.
Varios diputados del oficialista PAN han advertido de que no piensan dar marcha atrás en el desafuero de López Obrador, votado el pasado 7 de abril, y acusan al secretario (ministro) de Gobernación, Santiago Creel, de ser "el responsable de que este proceso político se haya desbordado como se desbordó", según el diputado panista Juan Molinar. Creel ha dicho que con los cambios en la Procuradoría General de la República (PGR) se abre un nuevo espacio político. "Había juicios injustos, juicios equivocados, que hoy resultan equivocados a la luz y de las circunstancias", afirmó. El ministro estuvo en la cuerda floja hasta minutos antes del mensaje a la nación del presidente, que estuvo a punto de anunciar también la dimisión de Creel.
El relevo en la cartera de Gobernación se producirá en las próximas semanas, según confirmó ayer el portavoz presidencial, Rubén Aguilar, que justificó el cambio en la necesidad de Creel de preparar su candidatura presidencial en 2006. Aguilar replicó al líder del PRI, Madrazo, y negó que el presidente esté interfiriendo en el proceso electoral. "La situación política del país y la tensión que vive hace necesario una decisión de ese carácter. Asumimos los costos", dijo a modo de justificación de la nueva línea marcada desde la presidencia.
Para el Gobierno, el objetivo número uno es ahora garantizar que López Obrador esté en las papeletas de voto el año próximo. "Mientras no haya dictamen de culpabilidad el acusado conservará sus derechos", subrayó el portavoz del presidente, que por primera vez en mucho tiempo reivindicó la presunción de inocencia y criticó las deficiencias del sistema jurídico mexicano. Estas deficiencias fueron, añadió, parte del problema en el que quedó atrapado el Gobierno en el caso López Obrador. La nueva estrategia gubernamental, que deberá aplicar el nuevo procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, será "analizar el expediente con otros ojos" para concluir que el delito del que estaba acusado López Obrador no está tipificado en el Código Penal, por lo que que procede declarar la nulidad del caso.
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