PSOE y PP se enfrentan por el uso del solar de la cárcel de Carabanchel

El pleno del Ayuntamiento acordó ayer -con los votos a favor del PP e IU y la abstención del PSOE- pedir al Gobierno central la cesión de los terrenos de la vieja cárcel de Carabanchel para equipamientos sociales. La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez (PP), aseguró que la intención de Instituciones Penitenciarias es construir allí vivienda libre. Juan José Azcona, director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, replicó que esta decisión contradice lo aprobado hace años por la propia corporación. Azcona recuerda que lo previsto es vender ese suelo para obtener fondos para nuevas prisiones, según lo dispuesto tanto por los Gobiernos socialistas como por los del PP.

El pleno aprobó una propuesta de IU, defendida por Justo Calcerrada, para solicitar al Gobierno central la cesión de los terrenos de la antigua prisión -desocupada en el verano de 2000- y que sea modificado el uso residencial de esos suelos, como está contemplado en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para convertirlos en terrenos de uso dotacional público.

De hacerse esa modificación del PGOU, no podrían ser construidas allí ni viviendas públicas ni de precio libre, y, en cambio, se destinaría ese inmenso solar a construir equipamientos sociales (un centro universitario, una residencia para mayores, una biblioteca, una residencia para alojamiento temporal para jóvenes, etcétera).

Calcerrada explicó que su grupo aceptaría una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que en el solar del antiguo penal haya equipamientos públicos, tras aclarar que ya no hacen falta tantos pisos en esa zona de la capital debido al desarrollo del nuevo barrio de Carabanchel, con 11.900 casas, y la futura Operación Campamento, con algo más de 10.000 viviendas.

Abstención del PSOE

En este planteamiento coincidieron IU y el PP, que propuso y logró mediante una enmienda transaccional el texto que finalmente fue aprobado. El edil Joaquín García Pontes, del PSOE, manifestó que respaldaba la proposición, pero añadiendo la obligación de que en esa parcela se construyeran viviendas sociales. Al no conseguirlo, los socialistas se abstuvieron.

La edil Martínez, responsable municipal de Urbanismo, tras anunciar el rechazo del Grupo Popular a la propuesta del PSOE argumentando que era "contradictoria" con la de IU, reveló que el pasado miércoles habló varias veces con el director de la Sociedad Estatal de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios, Juan José Azcona. Éste, según Martínez, le indicó que la intención del organismo que dirige es obtener ingresos mediante la venta de los terrenos de Carabanchel para poder construir nuevas prisiones en España.

El pleno municipal acordó crear una comisión integrada por los grupos políticos y asociaciones vecinales para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior sobre los citados terrenos.

Azcona, responsable de la Sociedad Estatal de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios, declaró a EL PAÍS que el Ayuntamiento, cuando estaba gobernado por José María Álvarez del Manzano (PP), aprobó una ficha relativa a la parcela APR-1101 (la de la antigua prisión) en la que se fijan 38.000 metros cuadrados para equipamientos públicos, 50.000 metros para los servicios públicos y 23.100 metros de zonas verdes. También contempla una edificabilidad de 129.125 metros cuadrados para viviendas de precio libre.

"El Ayuntamiento de Madrid no puede ir en contra de sus propios actos", añadió Azcona, en referencia a lo que fue aprobado por el equipo municipal presidido por Álvarez del Manzano y lo que pretende ahora el que encabeza su sucesor, Alberto Ruiz-Gallardón (también del PP).

El Consejo de Ministros, presidido por José María Aznar (PP), decidió el 13 de julio de 2001 que en ese terreno se construyera un reformatorio para jóvenes vinculados a la kale borroka y la comisaría de policía de Latina y el nuevo Centro de Detención de Extranjeros (que aún no están terminados).

El resto del solar sigue incorporado al Plan de Amortización de Centros Penitenciarios aprobado el 5 julio de julio de 1991 por el entonces Gobierno socialista. Este plan consiste en vender las viejas cárceles para obtener dinero con el que construir nuevos centros penitenciarios. Azcona recuerda que durante los dos mandatos de Aznar no fue edificado ninguno y que en la actualidad hay más de 60.000 reclusos en España, lo que ocasiona hacinamiento.

"Yo creo que la Dirección General del Patrimonio del Estado no va a autorizar nunca lo que pretende el Ayuntamiento", concluyó Azcona.