_
_
_
_
_
Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Jornada de Trabajo y Tasa de Actividad

España soportaba hace diez años un nivel de desempleo cercano al 20% de la población activa, casi el doble del promedio de la UE. Hoy día, nos encontramos tan solo 1,5 puntos por encima del promedio de la UE-25. Sólo desde una mejora del nivel de ocupación ha sido posible que la riqueza se distribuyese con mayor justicia y, al tiempo, posibilitar que los que, desde una tasa de desempleo reducida hoy en día a la mitad, permaneciesen desempleados, tuviesen prestaciones suficientes para continuar su vida laboral en un tiempo razonable.

Es sabido, por otra parte, que mientras que la población en edad de trabajar depende de la estructura de nuestra población, la tasa de participación y el índice de población activa dependen de la capacidad de nuestra economía de utilizar el factor trabajo. Por tanto, el nivel de renta de los españoles va a depender en gran medida de la combinación que permita altas tasas de productividad compatible con la máxima tasa de participación y el nivel más alto de población activa empleada. Ocioso resulta señalar que los incrementos de la productividad de la mano de obra suponen el mejor antídoto contra la deslocalización empresarial.

Los economistas ha contrapuesto el modelo la UE-15 respecto al tiempo de trabajo con el de los EE UU. El argumento esgrimido es que los europeos trabajamos menos y, por tanto, ganamos menos, por lo que es lógico el gap de riqueza que se produce entre los empleados de ambos lados del Atlántico se mantenga en torno al 30%. En un intento de reparar esta situación, la Agenda de Lisboa marcó un objetivo de tasa de actividad del 70% para 2010 (actualmente 64,3%).

Es cierto que en España se han acometido medidas laborales y fiscales encaminadas a conseguir mejoras en esta dirección. Aún así, incrementar nuestro actual nivel de actividad (56%) debe constituir un objetivo primordial de la política económica. Más aún cuando las diferencias entre la tasa masculina (68%) y la femenina (45%) son socialmente injustificables. Otro tanto ocurre con la tasa de desempleo en tanto que desde un 10,38% en valores absolutos, las cifras discriminan, nuevamente, a las mujeres (14,4%), respecto a los hombres (7,5%). Las recomendaciones que desde el campo técnico se aporten para mejorar esta situación deberían contar con la audiencia y la valoración de los agentes sociales. Alemania, Francia, Italia... están acometiendo reformas en estos dominios, sin duda, con un alto coste político a corto plazo, pero que se justifica socialmente en una consideración a largo plazo del futuro de naciones aceleradamente envejecidas.

La incorporación de la mujer al mercado laboral y, eventualmente, de parte de los 7 millones de personas en edad de jubilación que deseen continuar su vida laboral, suponen las avenidas de empleo en las que España debe profundizar en los próximos años. La recomendación de la Comisión al Consejo de Primavera 2004 acerca de la promoción del envejecimiento activo corrobora la oportunidad de recuperar laboralmente a los trabajadores con mayor experiencia.

Nuestro tiempo de trabajo, marcado como máximo referencial por el Estatuto de los Trabajadores y especificado en los convenios sectoriales o empresariales, se encuentra en la media de la UE-15. No es plausible pensar que trabajar más de cuarenta horas a la semana sea el factor determinante a la hora de incrementar nuestra productividad en el futuro. El reto es que trabajen más españoles y, sobre todo, más españolas y más seniors. Por ello, la reciente propuesta de la Comisión sobre modificación de la Directiva de tiempo de trabajo, amparando el opt-out más allá de las 48 horas originales, será irrelevante. Todo ello con independencia de la necesidad de compatibilizar la jornada laboral con la vida familiar.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

En este contexto, y a título de ejemplo, conviene señalar que, desde principios del presente año, las autoridades chilenas han reducido el tiempo de trabajo semanal de 48 a 45 horas, siendo esta medida presentada como un impulso a la productividad. Contrariamente, y siguiendo pautas fundadas en el sentido común, los legisladores franceses están debatiendo una propuesta de ley en aras de flexibilizar al alza la aplicación de la ley de las 35 horas. Con bastante seguridad, 40 horas son suficientes.

Sería conveniente, por otra parte, que el proceso de negociación colectiva fuese objeto de una reflexión por parte de los agentes sociales. La conveniencia de incorporar aspectos de productividad vía el coste laboral por unidad de producción, o coste laboral unitario monetario (cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad por ocupado) deben ser objeto de un debate sereno y ponderado. El tema es importante ya que el incremento de la productividad por ocupado es el umbral de crecimiento del empleo y, en paralelo, es un concepto que sufre variaciones importantes dentro de los mismos sectores e, incluso, dentro de empresas del mismo sector.

En otro orden, el buen juicio y la prudencia en las políticas de inmigración debe posibilitar que beneficios a corto plazo en el mercado de trabajo, no se conviertan en futuras cargas económicamente insoportables y en penosas frustraciones para seres humanos que buscaron en España un futuro para sus familias. Éste es un tema que requiere mucha atención cuando el número de inmigrantes en España ronda la cifra de tres millones (de ellos, alrededor de un millón en situación ilegal), los cotizantes extranjeros a la Seguridad Social superan el millón y cuando casi un 35% de los empleos creados son ocupados por foráneos. Estos datos, unidos a una tasa de temporalidad en el mercado de trabajo que supera, con carácter general, el 30%, debería merecer la reflexión de los gobernantes. También, la diferenciación entre temporalidad laboral y trabajo a tiempo parcial es esencial en términos de productividad del factor trabajo.

De manera complementaria, el mercado laboral en España presenta escasa movilidad. Ésta es una característica en toda Europa, probablemente acuciada en nuestro país por razones de índole social, por el apego a la familia, y económicas, por el alto porcentaje de propiedad de la vivienda. Hasta ahora el empleo ha girado, más o menos, en torno al lugar de residencia del trabajador, pero, en adelante, esta ley debe evolucionar progresivamente en sentido contrario. La regulación flexible de los alquileres, la reducción de las cargas fiscales en la transmisión de las viviendas en propiedad, la revisión de las condiciones geográficas para la recepción de prestaciones por desempleo..., son alternativas que deberían ser consideradas siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Promedios de 6 o 7 empleos a lo largo de una vida laboral son ahora frecuentes, cuando hace tan sólo veinte años, la rotación laboral media era de uno o dos.

Finalmente, un aspecto que incide cualitativamente en la jornada de trabajo es el de la armonización de horarios entre España y la mayoría de países de la UE-15. Sería sensato comenzar un proceso de convergencia entre nuestros horarios de trabajo, y de descanso, con los de nuestros socios comunitarios. No es difícil aventurar ganancias de productividad en este campo, amén de homologarnos socialmente en el marco de una misma Constitución Europea.

José Emilio Cervera (jecervera@mixmail.com) es economista.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_