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EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO VASCO

El Gobierno planea rechazar el 'plan Ibarretxe' en un pleno del Congreso el próximo marzo

El PP propone al PSOE que la Mesa de la Cámara rechace la tramitación de la iniciativa

El Gobierno y el PSOE pretenden que el plan Ibarretxe se debata y rechace en el Pleno del Congreso en el mes de marzo con los votos de socialistas y populares. Antes, por tanto, de la celebración de las elecciones vascas, previstas en mayo. Previamente, en enero, la Mesa del Congreso lo calificará y el Ejecutivo y los socialistas apuestan por admitirlo a trámite, pues la Cámara baja "no debe juzgar y usurpar el papel del Tribunal Constitucional". Éstas serán algunas de las cuestiones que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, planteará al líder del PP, Mariano Rajoy, en su próxima reunión.

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El debate interno en el Gobierno y el PSOE sobre el calendario para responder al plan Ibarretxe se ha decantado a favor de materializarlo cuanto antes, por los cauces ordinarios, y sin buscar fórmulas para posponerlo hasta después de las elecciones vascas. Una parte del PSOE, sobre todo de la dirección del Partido Socialista de Euskadi (PSE), se inclinó inicialmente, una vez aprobado el plan el 30 de diciembre, por aplazar la tramitación parlamentaria a la celebración de los comicios vascos de mayo. La dirección vasca temía que llegar a las elecciones con un rechazo al plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados propiciaría el victimismo del lehendakari, Juan José Ibarretxe. El Gobierno era, inicialmente, sensible a esta propuesta.

Sin embargo, la gravedad del discurso de Ibarretxe, que en su intervención del martes reafirmó explícitamente que hará caso omiso de lo que decida el Congreso, ha decantado al Gobierno y al PSOE a "zanjar cuanto antes este desafío siguiendo las pautas reglamentarias". "Ibarretxe va a hacer victimismo en las elecciones vascas con su plan, aunque se rechace con posterioridad porque ya sabe que va a ser así. Es mejor, por tanto, que la opinión pública conozca cuanto antes la posición mayoritaria del Congreso. También debe conocerse que Ibarretxe ha incumplido su palabra y cómo su plan secesionista ha salido con los votos de los amigos de los violentos", señalan fuentes gubernamentales.

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, confirmó ayer esta posición al señalar que la tramitación se hará "con normalidad, sin prisa, pero sin pausa", en alusión, también, a la propuesta del PP, que pretende acelerar aún más el proceso. Las previsiones del Gobierno y del PSOE son que la Mesa del Congreso tome en consideración la iniciativa sobre la reforma del Estatuto vasco el 18 de enero. En esa sesión de la Mesa, el PSOE defenderá la toma en consideración del plan Ibarretxe y su paso a debate en el Pleno porque "a la Mesa no corresponde juzgar el plan" ya que "esa tarea es competencia del Tribunal Constitucional", según dijo ayer López Garrido.

El Ejecutivo y el PSOE pretenden dedicar el mes de febrero a la campaña del referéndum sobre la Constitución europea, que se celebrará el 20 de ese mes. El plan Ibarretxe podría, por tanto, debatirse y votarse en marzo, previsiblemente en la segunda semana.

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El PP coincide con el PSOE en que se rechace cuanto antes el proyecto en el Congreso, pero sin debate en el pleno. El portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, llegó a pedir que se habilite el mes de enero, habitualmente de vacaciones parlamentarias, para votar el plan. Zaplana cree que en un momento como éste "el Congreso no puede estar de vacaciones". Ningún grupo, y especialmente el socialista, le siguió en esta petición, que se produce antes incluso de que el plan Ibarretxe haya entrado en el Congreso, algo que previsiblemente sucederá la próxima semana.

Vía judicial

El PP insiste en la necesidad de acudir a la vía judicial. Pero en lo que se refiere a la política, también discrepa de todos los demás partidos. La principal formación de la oposición pretende que la Mesa de la Cámara no admita a trámite el plan, sin que pase a votarse en el pleno. Cree que podría hacerlo por defecto de forma, ya que se trata, en su opinión, de una reforma constitucional. Tampoco aquí cuenta con ningún aliado.

El PP insiste en que las exigencias de acudir a la justicia las hace por una cuestión de "principios y coherencia", porque siempre ha defendido que hay que poner en marcha todos los mecanismos al alcance del Estado de derecho para oponerse al plan Ibarretxe. Y niega que esté tratando de diferenciarse del PSOE para lograr una mejor colocación en plena fase preelectoral vasca. Para reforzar este argumento, relevantes dirigentes del PP señalan que, en realidad, políticamente lo que a ellos más les conviene es una votación en el pleno. Allí se vería, insisten, que el PSOE vota de una manera y sus socios, especialmente los catalanes de ERC, lo hacen de otra muy distinta. El PP, que tiene como eje de su estrategia la "debilidad" del Gobierno por los socios "radicales" con los que cuenta, sostiene que ésa es la imagen que más le conviene. Sin embargo, prefiere insistir en la vía judicial y diferenciarse del Ejecutivo, al que criticó por ofrecer una reunión "a quien habla de resolver las cosas a tortas".

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