Santa Creu de Jutglar se moviliza por el olor que invade el pueblo

La tranquilidad que caracteriza Santa Creu de Jutglar, un pequeño pueblo del Lluçanès (Osona) habitado por unos 200 vecinos, se ha visto truncada por las actividades de una planta de compostaje situada en el municipio vecino de Sant Martí d'Albars.

Hace cinco años que los vecinos se quejan de los malos olores que desprende la actividad de la empresa Gestora d'Orgànics Fumanya, SL, y ha sido en los últimos días cuando se han movilizado en acciones de protesta más radicales.

Pancartas colgadas en las fachadas y los balcones anuncian que los vecinos venden el pueblo. Con esta acción simbólica quieren demostrar a las autoridades que las propiedades del territorio están perdiendo valor. De hecho, según explica Isabel Obradors, presidenta de la comisión SOS Lluçanès (fundada para ejercer presión), hay vecinos que se plantean vender sus propiedades.

Perjuicios

La comisión SOS Lluçanès decidió colgar las pancartas después que las quejas que ha hecho llegar a distintos departamentos de la Generalitat han sido infructuosas.

Los vecinos también piden al Ayuntamiento de Sant Martí d'Albars (que otorgó la licencia de funcionamiento a la empresa) que solicite una moratoria de la actividad de la compañía "hasta que cese definitivamente la emanación de olores", explica Obradors.

No solamente los malos olores son fuente de molestia para los vecinos, sino también el paso continuado de camiones cargados con residuos por el interior de los pueblos del territorio, su vertido en los campos y la falta de información sobre el tipo de sustancias que se están tratando en la empresa. Las molestias que la planta causa a los vecinos y que manifiestan en un escrito son múltiples: "El mal olor nos obliga a aislarnos en el interior de nuestras casas, que hemos reforzado de manera hermética. También padecemos problemas sanitarios como erupciones en la piel, irritaciones en el tracto respiratorio, problemas digestivos, conjuntivitis, dolores de cabeza... además de soportar la presencia inusual de insectos que pueden provenir de los residuos de dicha planta". También se quejan del perjuicio económico que representa la devaluación de sus propiedades, y por encima de todo "del estrés psicológico" al que están sometidos "desde hace años por no poder salir tranquilamente de casa y las repercusiones que este estado de alerta constante provoca en la salud". Esta situación, añade el mismo escrito, supone un atentado contra la población permitido por las autoridades y los vecinos agregan: "Destacamos que los afectados presentamos un estado psicológico de extrema crispación por nuestro sufrimiento y sobre todo por el de nuestros hijos, que no entienden que se permita una actividad que les causa tanto malestar".

Medidas correctoras

A todo esto, el propietario de la empresa, Xavier Fumanya, asegura que está ultimando la instalación de un sistema norteamericano que "evitará que los olores traspasen la planta". Fumanya también explica que el Consejo Comarcal de Osona está realizando un estudio sobre las posibles molestias que origina el funcionamiento de la empresa y firma que hace todo lo que está a su alcance para evitar el perjuicio de los vecinos. Aun así, cree que éstos exageran la situación.