Política de defensa: una nueva etapa

La Directiva de Defensa Nacional inicia una nueva etapa en la política de defensa de España.Los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y del 11 de marzo en Madrid han puesto de manifiesto que la superioridad militar tradicional no es suficiente como elemento de disuasión ni garantiza mayor seguridad, y han provocado un cambio abrupto en el escenario estratégico internacional y en la opinión pública española.

La lucha contra el terrorismo se ha convertido en un elemento clave de las estrategias de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Alianza Atlántica y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Éste es el contexto en el que se sanciona la Directiva de Defensa.

"Las actuaciones de las Fuerzas Armadas deben basarse en el respeto escrupuloso a la legalidad internacional"

"Los medios militares no desempeñan el papel protagonista en la lucha contra el terrorismo, aunque colaboren"

Los nuevos retos requieren soluciones imaginativas, planteamientos innovadores y cambios de mentalidad en la política de seguridad, concepto más amplio que el de política de defensa, objeto de la Directiva de Defensa Nacional.

No es una directiva de seguridad, si bien, evidentemente, la defensa es una parte importante de la seguridad de una nación. Por eso, aunque la lucha contra el terrorismo es un problema esencial de la seguridad, los medios militares no desempeñan el papel protagonista aunque colaboren en ella.

España se encuentra hoy en condiciones adecuadas para afrontar los nuevos retos y amenazas. Está plenamente incorporada a las organizaciones occidentales de seguridad compartida y defensa colectiva y posee unas Fuerzas Armadas que son las mejores que ha tenido en décadas. Por eso, la Directiva conjuga elementos de continuidad de las etapas anteriores con la introducción de nuevos planteamientos para contribuir a la prevención eficaz de los conflictos y a la gestión de crisis de acuerdo con las exigencias que demanda el siglo XXI.

Se parte del principio de que el mejor servicio que pueden hacer las Fuerzas Armadas a la seguridad de los españoles es estar preparadas para realizar su misión esencial, la defensa de España. Así estarán capacitadas para contribuir a la seguridad, como estos días hacen en una triple vertiente: proporcionan estabilidad mediante su participación en operaciones en el exterior, apoyan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el interior y colaboran con el sistema de protección civil y otras instituciones del Estado en casos de emergencia.

La Directiva aborda una cuestión que ha sido objeto de debate público. Me refiero a la actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior cuando no estén relacionadas con la defensa de España, que se enmarcará en un multilateralismo eficaz. Es decir, deberá contar con el respaldo de una decisión previa de Naciones Unidas u otra organización de seguridad y defensa de la que formemos parte.

El Parlamento participará activamente en los términos que determine la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de legítima defensa individual o colectiva recogido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas que también se invoca literalmente en el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica.

La Directiva contiene cinco líneas generales y veintitrés directrices, elementos orientadores de la política de defensa, entre los que me gustaría resaltar aquellos que, en mi opinión, son más novedosos.

La Directiva refuerza el papel de las Fuerzas Armadas como elemento relevante de la acción exterior del Estado, cuyas actuaciones deben basarse en el respeto escrupuloso a la legalidad internacional como medio para la resolución de conflictos y en la asunción solidaria del cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos contraído en apoyo de la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo, y especialmente en la lucha contra el terrorismo.

La Directiva plantea la transformación dinámica y permanente de las Fuerzas Armadas para mantenerlas siempre adaptadas a las necesidades de cada momento, y en este sentido destaca la potenciación de la inteligencia militar mediante la unificación de los servicios y su coordinación por el Centro Nacional de Inteligencia.

Además, se creará una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida constituida por unidades con alto grado de disponibilidad y adiestramiento, en relación con las iniciativas de la Unión Europea y de la OTAN en las que España participa activamente.

Tiene también gran importancia el compromiso de establecer lo que en medios aliados se conoce como el nivel de ambición militar, es decir, el esfuerzo que España está dispuesta a materializar para atender las necesidades tanto nacionales como de nuestros compromisos internacionales, así como aquellas adaptaciones de las Fuerzas Armadas para que sean más aptas para la acción conjunta e interoperables con las de nuestros socios y aliados.

Geográfica y políticamente España es europea y por eso nuestra seguridad está unida indisolublemente a la del continente. Por ello, promoverá e impulsará una auténtica política europea de seguridad y defensa, respaldará las iniciativas tendentes a alcanzar una defensa común y se preparará para estar en condiciones de poder participar con determinados países en una cooperación estructurada de carácter militar, en los términos previstos en el Tratado Constitucional de la Unión Europea.

España es también un aliado firme y claramente comprometido con la Alianza Atlántica, desde el convencimiento de que un vínculo trasatlántico sólido, robusto y equilibrado refuerza a ambas organizaciones. Además, España mantiene una relación estrecha con los Estados Unidos, que pretende privilegiar en el futuro.

Simultáneamente con todo ello, se está iniciando también el proceso de trámite de una nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional que incluirá las misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas, definirá los principios esenciales que deben inspirar su empleo y determinará la forma en la que el Parlamento deba pronunciarse sobre su participación en operaciones militares en el exterior.

Estoy convencido de que con el debate parlamentario, las aportaciones de foros especializados y la participación activa de la sociedad española será posible garantizar la defensa de España y promover la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo.

En resumen, la Directiva de Defensa Nacional abre una nueva etapa y contiene las indicaciones precisas para revisar a fondo nuestro actual sistema de defensa aprobado en 1980 y establecer un nuevo marco que defina las líneas maestras de la defensa para los próximos veinticinco años. Una tarea ardua y difícil en la que cualquier sugerencia será bienvenida.

Francisco Torrente es almirante general en la reserva y secretario general de Política de defensa.