Los inmigrantes y la atención sanitaria
En los últimos meses se han venido multiplicando diferentes sucesos relacionados con el acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes en nuestra Comunidad que evidencian las enormes dificultades que están teniendo éstos para acceder a una atención básica reconocida por la ley, con todos los problemas sanitarios que ello genera, tanto para este colectivo como para el resto de la sociedad. Por un lado, existen testimonios que evidencian las enormes dificultades que desde el principio han existido en algunas localidades y centros de salud para facilitar el acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes, a través de un rechazo sistemático y generalizado en estos lugares de las tarjetas sanitarias solicitadas, lo que ha supuesto una vulneración tan caprichosa como perjudicial para el sistema sanitario público, creando disfunciones evidentes, como el desvío de inmigrantes hacia unas urgencias ya de por sí saturadas. Por si fuera poco, desde diversos medios de comunicación se han recogido informaciones tan inexactas como deficientes, culpabilizando a los inmigrantes hasta de la "escasez de sangre" en nuestros centros hospitalarios, acusándoles del déficit sanitario y espolvoreando todo tipo de adjetivos que ayudan muy poco a facilitar una mejor convivencia con estas personas (tales como "abuso", "picaresca", "desmesura", o "avalancha" sanitaria). Todo ello está dejando una herencia muy dañina desde la perspectiva de comprensión del fenómeno migratorio, al tiempo que parece buscar una vez más en los inmigrantes los chivos expiatorios de los problemas por los que atraviesa nuestra Sanidad. Desde nuestra responsabilidad y experiencia, creemos necesario generar algunas reflexiones acerca de cuál ha sido la política de accesibilidad al sistema sanitario público en la Comunidad Valenciana para la población inmigrante.
El reconocimiento de la atención sanitaria a la población extranjera viene definida inicialmente por la regulación estatal que supuso la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que en su artículo 12, Derecho a la asistencia sanitaria, adoptaba el criterio de residencia como mecanismo de atribución del derecho de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud para los extranjeros. A partir de aquí, se debían poner en marcha los mecanismos administrativos que posibilitaran este derecho en cada autonomía; esto es, el empadronamiento en cualquier municipio conllevaba el acceso a la asistencia sanitaria pública.
En la Comunidad Valenciana, el decreto 26/2000, de 22 de febrero, del Gobierno valenciano establecía este derecho y creaba la Tarjeta Solidaria para asegurar el acceso para los extranjeros no empadronados o sin recursos económicos, con la particularidad de eximirles del pago de los medicamentos financiados por el sistema nacional de salud. Esta Tarjeta Solidaria y su aplicación administrativa, publicitada en su momento mediáticamente por el Gobierno valenciano y su entonces presidente, Eduardo Zaplana, como una iniciativa "pionera" frente al resto del Estado, se ha convertido, a nuestro entender, en una de las causas de la situación de confusión, heterogeneidad y discrecionalidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, generando un enorme malestar en el colectivo de trabajadores sociales. Como ha manifestado el colectivo de trabajadores sociales de Atención Primaria en su "propuesta de mejora en términos de eficacia y eficiencia de la prestación de la Asistencia Sanitaria", "cualquier ciudadano, por su condición de empadronado, tendría derecho a la Asistencia Sanitaria, derecho que podría tramitar directamente los servicios de Admisión-SIP del Centro de Salud que le corresponda por su domicilio. Así se les daría cobertura de forma automática y sin demoras en la cita ni en la resolución de su expediente".
El derecho a la asistencia sanitaria de las poblaciones extranjeras vendría así a resolverse con el criterio que adoptaba la Ley Orgánica 4/2000, el de residencia, y conllevando una aportación del 40% en la compra farmacéutica, al igual que el resto de los ciudadanos. Quedaría abierta, como este colectivo manifiesta, la posibilidad de que en determinados casos concretos se estableciera una exención de la aportación farmacéutica, y también quedaría por resolver la tramitación administrativa de la tarjeta sanitaria para asegurar el derecho al acceso de la misma para los extranjeros no empadronados que inicialmente era el objetivo de la Tarjeta Sanitaria. Sin embargo, todas estas anomalías generan situaciones de confusión, contradicciones administrativas y heterogeneidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud para las poblaciones extranjeras a lo largo y ancho de nuestra Comunidad, con algunas situaciones tan pintorescas como rocambolescas, si no habláramos de un derecho esencial como es la atención sanitaria. Su posible resolución está en manos de la Administración, de la Consejería de Sanidad y la Tesorería de la Seguridad Social, que deberían articular los mecanismos administrativos esenciales para que este derecho sea aplicado efectivamente en condiciones de igualdad, como establecía la Ley 4/2000. Quedaría entonces por iniciar el debate sobre la equidad en la provisión de servicios sanitarios hacia los colectivos de origen inmigrante y la adaptación, por parte del Sistema Nacional de Salud, de su funcionamiento a las necesidades específicas de estas poblaciones.
Cuatro años después de que se reconociera el derecho de los inmigrantes a la atención sanitaria, como un derecho fundamental de todo ser humano, en esta Comunidad quedan muchas cosas por hacer para garantizar esta atención básica, en línea con lo que han desarrollado otras autonomías. Lo fácil es culpar a los inmigrantes de los males de nuestro sistema sanitario y denegar el acceso al mismo a miles de ellos, generando más problemas para la sociedad y para el conjunto de la sanidad valenciana.
Ramón Castejón Bolea es profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández y médico de familia, Carlos Gómez Gil es director del Seminario Permanente de Inmigración de la Universidad de Alicante y profesor asociado de esta Universidad y Salvador Roig es secretario de Comunicación de la Unió Comarcal de CC OO de l'Alacantí-Les Marines
