La revisión del pasado hace temblar a políticos marroquíes

"¿Van a juzgar a Hassan II?". A medida que se acerca la fecha en la que decenas de ex presos políticos marroquíes van a contar en directo, en televisión, durante varias semanas, las torturas que sufrieron durante los llamados "años de plomo", aumentan las reticencias ante esta iniciativa que asusta a buena parte de la clase política y a muchos altos funcionarios. No en balde muchos antiguos verdugos siguen hoy en día desempeñando cargos y se preguntan temerosos si el delicado ejercicio no se va a convertir en un juicio a Hassan II y, en definitiva, de ellos mismos.

A principios de año el rey Mohamed VI creó la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) y puso al frente a Driss Bezenkri, un militante de extrema izquierda que pasó 17 años en la cárcel. Hasta diciembre pasado encabezaba el Foro Justicia y Verdad que reivindicaba la rehabilitación de los antiguos presos políticos. A su lado, otros 16 antiguos prisioneros de opinión dirigen la IER.

"¿Hasta dónde se puede llegar sin socavar la legitimidad del régimen?", se pregunta un profesor

Las víctimas de la represión se quejan de no poder denunciar a sus verdugos

La tarea de este organismo consiste en establecer la verdad sobre la represión política entre 1956, el año de la independencia, y 1999, el fin del reinado de Hassan II, resarcir a sus víctimas y hacer recomendaciones para que Marruecos no vuelva a vivir esa pesadilla. Hasta la fecha la IER ha recibido 22.272 solicitudes de indemnización -el 20% emanan de saharauis- que sus 140 empleados estudian. La mayoría piden indemnizaciones por haber sido detenidos ilegalmente o secuestrados.

Inspirada en mecanismos instaurados durante la transición democrática en países suramericanos o africanos, la iniciativa no tiene precedentes en el mundo musulmán. En Marruecos tiene, además, una connotación particular porque no ha habido ruptura entre un régimen y el anterior. Hoy reina el hijo de Hassan II.

Benzekri consideró que para cumplir con su cometido debía, según explicó a este periódico, "permitir también a las víctimas expresarse públicamente para poder así aliviar su sufrimiento, superar las secuelas y dar a conocer la verdad ignorada".

Unas 200, elegidas por la IER por su representatividad o propuestas por organizaciones humanitarias, podrán, en breve, denunciar durante 20 minutos, ante las cámaras de la televisión pública, las violaciones que padecieron en sus derechos humanos.

Sólo habrá una restricción a sus testimonios: No podrán pronunciar los nombres de sus verdugos. "Esto no es un tribunal", repite Benzekri. Sí podrán, en cambio, citar a los servicios que consideran responsables de sus padecimientos: Gendarmería, Ejército, DST (policía secreta), administración judicial, etcétera.

Apenas Benzekri anunció su proyecto, la televisión se le anticipó poniéndolo, de hecho, en marcha. Las cámaras de 2M, la cadena pública más dinámica, estuvieron, por ejemplo, días atrás en Imilchil (Alto Atlas) donde ancianas bereberes se apoderaron del micrófono en el salón de actos del ayuntamiento para contar la brutal represión que padeció ese pueblo de montaña cuando se rebeló hace 31 años.

Un saharaui narró, en la televisión regional que emite desde El Aaiún, su paso por la cárcel clandestina de Qalaat Mgouna. 2M, de nuevo, acompañó a dos ex presos tangerinos por el siniestro centro de detención de Agdz, hoy en día cerrado.

Las comparecencias formales en televisión, organizadas por la IER, deberían haber empezado hoy miércoles aunque, "por razones técnicas", serán aplazadas hasta fin de mes. "Confiemos en que no sean las presiones las que hayan aconsejado retrasarlas", comenta un ex preso.

La demora será, probablemente, aprovechada para tratar de impedirlas por parte de todos aquellos a los que preocupa. "Esta operación no va a dar los frutos esperados", advierte, por ejemplo, Buazza Ikken, presidente de la Unión Democrática, un partido de notables, y le secunda Mahjubi Aherdan, líder del Movimiento Nacional Popular, una formación berebere. Ikken fue fiscal general en Casablanca en los años setenta y Aherdan ministro de Defensa en los sesenta.

Incluso los socialistas son reacios a la experiencia. "La Instancia no debe rescribir la historia política de Marruecos", recalcaba su secretario general, Mohamed el Yazghi. Sólo los diversos movimientos islamistas y los minúsculos partidos que se sitúan a la izquierda de los socialistas no han puesto reparos al experimento.

Parte de la prensa oficialista también se ha mostrado reacia. Acaso algunas de sus reflexiones reflejen la preocupación de colaboradores del monarca. "Hay que dar la impresión de ser ingenuo para no reconocer que investigar y aportar testimonios sobre los "años de plomo" equivale a juzgar el reinado de Hassan II", afirma el semanario Maroc Hebdo.

"Que nos guste o no, de manera directa o colateral, es todo el entramado institucional de un régimen producto del anterior reinado el que va a ser puesto en tela de juicio: autoridades, magistrados, policías e incluso militares", advierte el catedrático Mustafá Sehimi en Maroc Hebdo. "¿Hasta dónde se puede llegar (...) sin arriesgarse a socavar los fundamentos de la legitimidad del régimen?", se pregunta inquieto.

Las víctimas y sus defensores, sobre todo la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), consideran, en cambio, que la experiencia se queda corta. "¿En qué cabeza cabe que se pida a las víctimas que no den los nombres de sus verdugos?", se indigna Ahmed Marzuki, ex militar golpista que pasó 18 años en el penal clandestino de Tazmamart donde murieron la mayoría de sus compañeros de armas.

"Es lamentable porque los responsables de esos abusos no van a tener que rendir cuentas y muchos de ellos siguen ejerciendo cargos públicos", añade Khadija Ruissi, que perdió a sus dos hermanos a manos de la policía.

"Al negarse a perseguir en los tribunales a los torturadores, al concederles una total impunidad, no puede haber ni equidad, ni reconciliación", escribe Jalid Jamai en el semanario independiente Le Journal Hebdomadaire. La AMDH lleva pidiendo desde hace cuatro años que los responsables de las exacciones sean destituidos y juzgados y ha hecho incluso pública una lista.

Mohamed Tozy, uno de los más prestigiosos politólogos marroquíes, responde a Jamai en las páginas de esa misma publicación: "El procedimiento [puesto en marcha por la IER] es lo mejor que está sucediendo en este país. Es un trabajo harto creíble". Y junto con otros profesores recuerda que esa España en transición, a la que muchos marroquíes consideran un ejemplo, no se atrevió a hacer esta catarsis.