El juicio contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui por las bonificaciones millonarias se iniciará el 10 de enero
El juicio contra el presidente del banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín; el que fuera copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui, por las elevadas retribuciones percibidas por prejubilación y jubilación, cuando los dos últimos dejaron el banco, se iniciará el próximo 10 de enero en la Audiencia Nacional, según informaron ayer fuentes del citado órgano.
El tribunal estará presidido por el titular de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, e integrado por los magistrados Luis Martínez de Salinas, que actuará de ponente, y Raimunda de Peñafort Llorente.
El caso se inició en noviembre de 2002, cuando la juez Teresa Palacios -que ya tramitaba el caso de las cesiones de crédito en el que también tiene imputado a Botín- admitió a trámite una querella por presunto delito societario presentada por el abogado Francisco Franco Otegui, contra el presidente del SCH y Amusátegui, a los que acusaba de disponer fraudulentamente de 43,7 millones de euros, en perjuicio de los accionistas, para compensar a Amusátegui su salida de la dirección del banco. En marzo de 2003, la magistrada acumuló una denuncia formulada ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusaba al propio Botín y al ex vicepresidente Ángel Corcóstegui de otro delito societario, consistente en que este último habría percibido más de 110 millones de euros en concepto de prejubilación y jubilación.
El fiscal considera que no ha existido delito y no formula acusación, pero los acusadores Rafael Pérez Escolar y Juan Francisco Franco Otegui acusan a Botín de dos delitos de apropiación indebida, por los que piden dos penas de seis años de prisión y multa de 12 meses, a razón de 300 euros por día; o alternativamente de dos delitos societarios de administración desleal, a razón de cuatro años por cada delito. Amusátegui y Corcóstegui sólo están acusados de un delito cada uno.
El banco reiteró ayer una vez más que los pagos realizados a los directivos "se ajustaron estrictamente a la ley".
