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OPINIÓN DEL LECTOR
Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

La rehabilitación de Blas Infante

Con motivo del proceso de "rehabilitación" del presidente Companys, políticos y periodistas andaluces vienen hablando del caso de Blas Infante y, de paso y en relación con él, de algunos de los miles de desaparecidos tras el golpe militar de julio del 36 en Sevilla. Se habla, como en el caso catalán, de revisión y anulación de condenas. Nadie parece tener en cuenta que, por ilegal que fuesen ambas muertes, al contrario que en el caso de Lluis Companys, asesinado el 14 de octubre de 1940, en el de Blas Infante no hubo ni consejo de guerra ni sentencia alguna. De nuevo hay que recordar que, durante meses, los golpistas tuvieron como único respaldo para la represión el ilegal bando de guerra de 18 de julio. La única "sentencia" que existe referida a Infante es la del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de 4 de mayo de 1940, en la que se aludía a su fallecimiento el 10 de agosto por "aplicación del Bando de Guerra".

El objetivo principal de este tribunal creado en 1939, o sea, casi tres años después de la muerte de Infante, no era otro que esquilmar a las familias de los represaliados. Me temo, pues, que si de lo que se trata es de rehabilitar, entre otras, la memoria de Blas Infante convendría dejar a un lado dicha sentencia, ajena a su muerte, y, por tarde que resulte, afrontar una investigación oficial sobre aquella masacre y sus máximos responsables. Las aberraciones judiciales cometidas por los golpistas pueden, como en el caso de Companys, revisarse y anularse, rehabilitando así la memoria de sus víctimas. Sin embargo, la memoria de las personas asesinadas sin trámite alguno a partir del 18 de julio en los territorios donde el golpe triunfa y arrojadas a una fosa común sólo podrá ser rehabilitada restableciendo la verdad de lo ocurrido entre su detención y su desaparición. ¿Es normal que políticos y periodistas ignoren a estas alturas que la represión salvaje del 36 no dejó, salvo excepciones, sentencia alguna que revisar y anular? ¿Para cuándo una Comisión de la Verdad que nos permita superar de una vez este estado de ignorancia y confusión permanente?

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