El Gobierno recrimina a la Mesa del Parlamento y le niega documentación
El Gobierno acusó por escrito a finales de junio a la Mesa del Parlamento de haber actuado de modo "no procedente" al otorgar su amparo al diputado popular Iñaki Ortega en una solicitud de documentación relacionada con ayudas a El Periódico de Álava que el ejecutivo se niega a entregar.
En la comunicación, que recoge un acuerdo que se adoptó en consejo de Gobierno el 29 de junio y que fue transmitida a la Cámara por la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, el ejecutivo muestra al máximo órgano de Gobierno de la Cámara su "preocupación" por la "instrumentalización" de la que a su juicio es objeto.
Según el Gobierno, la Mesa del Parlamento, al apoyar al diputado popular y solicitar al ejecutivo el envío de la documentación pedida y denegada, actuó de modo "no procedente". El ejecutivo sostiene que el recurso del parlamentario "no tiene encaje normativo alguno en el Reglamento de la Cámara". Los servicios jurídicos del Parlamento habían emitido un dictamen en sentido contrario.La actuación de la Mesa, que ha vuelto a otorgar su amparo por segunda vez al parlamentario popular el pasado 31 de agosto, se apoyó en un informe de sus servicios jurídicos. En él se argumenta en contra de una primera negativa, que además firmó un director del departamento
en lugar de la consejera.
Ortega pidió en abril copia de los documentos acreditativos de que la editora del diario, que cerró en julio, se hallaba al día en sus pagos a la Seguridad Social y a Hacienda foral cuando cobró las ayudas. El diario recibió en 2002, siendo consejero Josu Jon Imaz, 1,3 millones en créditos que no devolvió. Ortega acusó ayer al Gobierno de crear "un conflicto entre poder ejecutivo y legislativo" para no facilitar datos sobre unas ayudas "que dio un consejero nacionalista, hoy presidente del PNV, en un año preelectoral, a un diario nacionalista a las puertas de la quiebra dándole un año más de vida, casualmente el de las elecciones municipales".
El director del Gobierno que se hizo cargo de la respuesta denegatoria argumentó que entregar los documentos al Parlamento supondría darles un uso distinto a aquél para el que la empresa los presentó, es decir, la solicitud de las ayudas. También alegó que ello daría a esa documentación una publicidad que no le es exigible. Y estimaba que la mera resolución de concesión de las ayudas, firmada por él mismo, junto con el informe de la Oficina de Control Económico, acreditan la legalidad del procedimiento.
Tras esa primera negativa, la Mesa pidió asesoramiento a los servicios jurídicos del Parlamento. Su informe rebatió los argumentos del Gobierno señalando que, de seguir sus razonamientos, "ningún documento podría ser remitido a la Cámara", puesto que siempre la finalidad con la que se piden es distinta de la razón por la que obran en poder del ejecutivo. De aplicarse ese criterio "el derecho de los parlamentarios quedaría en la práctica invalidado", advirtió.
Proposición no de ley
También descartó como válido el argumento sobre la indeseable publicitación de la documentación pedida. Sólo si ello constituyera una "merma palpable" del derecho a la intimidad de terceros o si la materia estuviese catalogada como "reservada" habría cabido "algún tipo de reticencia".
La Mesa dio su amparo al parlamentario, pidió al Gobierno al documentación y le requirió además que la enviara "firmada por un miembro del Gobierno en sentido estricto", es decir, por la consejera. La respuesta fue el acuerdo del consejo de Gobierno denegándola de nuevo e incluyendo los reproches al máximo órgano de Gobierno de la Cámara por su actuación. El parlamentario del PP, con un segundo aval de la Mesa, presentó ayer una proposición no de ley para que la Cámara inste al Gobierno "a que cese en su actuación obstruccionista" y cumpla los requerimientos del órgano legislativo y de control.
