La fiscalía investiga al Gobierno por rebajar la protección de una vía pecuaria

La fiscalía ha demandado al Gobierno regional y ha abierto una investigación para esclarecer por qué la Comunidad consideró en febrero de 2003 que la Vereda del Camino Real de Madrid, en el término municipal de El Escorial, es "innecesaria", lo que rebaja su nivel de protección. El camino conduce a una finca de la familia de Esperanza Aguirre, que quiere instalar allí una carpa para la celebración de bodas y banquetes.

En el Boletín Oficial de la Comunidad del 4 de febrero de 2003, la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, dirigida entonces por Luis Blázquez, miembro del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, publicó la clasificación definitiva de las cañadas de la zona del término municipal de El Escorial. El criterio seguido en esta clasificación se basaba en el uso que la cañada todavía pueda tener para el paso de ganado o como ruta con valor cultural o de ocio, y no se trata de un simple formalismo jurídico, ya que la protección que otorga el término cañada a las vías pecuarias se encuentra entre las más altas previstas por la legislación.

Todas las vías pecuarias fueron consideradas como "necesarias", excepto la Vereda del Camino Real de Madrid, que, a juicio de la consejería, es "innecesaria en toda su longitud y anchura". Tanto el Ayuntamiento de El Escorial (entonces gobernado por el PP) como el grupo de excursionistas Correcaminos interpusieron entonces un recurso de reposición (corrección de un término en un documento oficial) ante la consejería. "Creíamos que hubo un error al incluir la palabra innecesaria, en vez de necesaria", asegura José Lucas Reguilón, miembro del grupo Correcaminos y ex concejal socialista en El Escorial.

La sorpresa surgió porque ya en 1993 el Ayuntamiento convocó una comisión con el objetivo de demostrar el carácter jurídico de cañada de las vías pecuarias de la zona, y también, para elaborar un proyecto de clasificación definitiva de los caminos, incluida la vereda. Todas estas vías fueron consideradas como necesarias, y así se lo comunicaron a la Comunidad.

Sin embargo, la consejería desestimó el recurso de reposición y surgieron sospechas de que se podría haber cometido una irregularidad al tratar los criterios de la comisión. En consecuencia, un grupo de particulares, entre ellos Reguilón, interpusieron una demanda contra la Consejería de Economía ante la Fiscalía de Madrid, que dirige Manuel Moix. Ésta fue presentada el pasado mayo por el ministerio público ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, ha abierto diligencias para ver si el Gobierno regional pudo incurrir en un delito de prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es]. El Ayuntamiento de El Escorial, ahora gobernado por una coalición PSOE-IU, ha presentado, por su parte, directamente ante el Tribunal Superior de Justicia otra demanda, que está todavía en fase de estudio.

Las denuncias se deben a que con la consideración de "innecesaria" dada a la citada vereda -lo que afecta directamente al nivel de protección del camino- permitiría al Ejecutivo regional abrir un expediente de desafección de la vereda. En ese caso, el camino revertiría a los particulares (entre ellos la familia Aguirre), los cuales podrían actuar sobre el camino sin ninguna limitación normativa, por ejemplo, para asfaltarla. Algunos de estos particulares que podrían verse beneficiados son los propietarios de la finca La Granjilla: la familia Aguirre-Borrel, parientes de la presidenta Esperanza Aguirre.

Los propietarios de la finca intentaron en varias ocasiones cambiar la definición jurídica de la vereda, que conduce hacia el terreno. El motivo: planean instalar en la finca una gran carpa para celebraciones de bodas y banquetes, entre otros eventos, para lo cual necesitarían mejorar las condiciones del camino, de tierra y no apto para que por él transite un elevado número de coches. En esa dirección, el ya fallecido Gabriel Aguirre Borrel,tío de Esperanza Aguirre, interpuso en julio de 2002, junto a otros, un recurso contra el proyecto de clasificación de las vías pecuarias, iniciado en 1993. Pero el Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso en febrero de 2003, y por el momento, la vereda sigue sin asfaltar.