La vivienda como derecho, la vivienda como problema
El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional reconocido en el artículo 47 de la Constitución según el cual: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Sin embargo, la consecución de este derecho se ve lastrada por problemas históricos y por otros derivados de políticas públicas inadecuadas, que muestran sus consecuencias más lacerantes en Madrid. Los madrileños siempre tendremos la sospecha de que tras la crisis de la Asamblea de Madrid, tras las elecciones autonómicas, anidaban intereses vinculados al suelo y el ladrillo.
Cada tres o cuatro años el precio de la vivienda se duplica en la región
Los protagonistas indiscutibles en el proceso de descentralización de competencias y recursos, han sido, hasta hoy, el Estado y las comunidades autónomas. La Administración local ha sido relegada en estas competencias, al tiempo que la financiación local sigue siendo aún un problema que no ha sido resuelto.
Esta situación produce que sea muy difícil que un Ayuntamiento aborde inversiones necesarias para sus ciudadanos en materia de infraestructuras o servicios sin recurrir a la gestión del suelo.
En muchos casos, del número de viviendas de precio libre que se aprueban en un desarrollo urbanístico depende, al final, que se pueda construir un polideportivo, una piscina municipal, crear un centro de empresas, un centro cultural o construir una nueva sede para el Ayuntamiento.
Este problema histórico se ve acompañado también por la tentación permanente de los especuladores de obtener altos beneficios, con escaso riesgo financiero, sabiendo manejar adecuadamente la información y los hilos de la gestión del suelo.
Así, al problema financiero de las administraciones, se añade una especulación del suelo, que determina un crecimiento imparable de los precios que oscila entre el 20% y el 30% anualmente.
De esta forma, cada tres o cuatro años el precio de la vivienda se duplica y en estos momentos, hasta las estimaciones más optimistas, sitúan el precio medio del metro cuadrado de vivienda en torno a los 3.000 euros.
A los problemas descritos, ha venido a sumarse un incremento de la necesidad de vivienda que ha favorecido el aumento de los precios. Una demanda impulsada por el crecimiento del empleo en Madrid; por la incorporación de los jóvenes nacidos en los años setenta a la demanda de una vivienda para emanciparse; por la ampliación de los años por los que se concede un crédito hipotecario; la bajada de los tipos de interés; la inestabilidad bursátil que conduce las inversiones hacia la compra de vivienda y por el aumento de la población inmigrante que en muy pocos años ha crecido hasta 725.000 personas en la región y que demanda una vivienda en propiedad ante la escasez y carestía de la vivienda en régimen de alquiler.
Los trabajadores y trabajadoras soportamos mayoritariamente los créditos hipotecarios que ascienden a medias cercanas a los treinta millones de pesetas, comprometiendo las rentas salariales durante veinticinco o treinta años y conduciendo a un endeudamiento límite de las familias.
El debate en este momento no debe centrarse en si existe o no una burbuja inmobiliaria y si terminará por explotar o no, porque ese debate sólo contribuye a tender una cortina de humo sobre el problema.
El verdadero problema consiste en la existencia de voluntad decidida de cumplir el mandato constitucional.
Una solución definitiva al problema de la financiación de las administraciones locales, una descentralización de la gestión de las políticas públicas, constituiría un paso muy importante, si se viese además acompañado de compromisos municipales de utilizar las políticas del suelo en contra de la especulación y a favor de la accesibilidad de la vivienda en propiedad o en alquiler.
Es absolutamente necesario apostar por un desarrollo económico equilibrado que promueva la industria y consolide los servicios, que apueste de forma decidida por la creación de empleo estable, permitiendo un cambio en la tendencia donde el crecimiento de la riqueza regional no se sustente casi en exclusiva en el sector de la construcción.
La estabilidad económica depende de este desarrollo equilibrado, evitaría riesgos de crecimiento de la inflación, aseguraría las rentas salariales futuras y despejaría el futuro económico de muchas familias.
Una economía y un empleo más estables, junto a las políticas públicas de suelo y vivienda, basadas en la promoción de vivienda con protección pública en régimen de propiedad o alquiler y la rehabilitación, son la base para estabilizar el precio de la vivienda, lo cual atraería recursos hacia la inversión productiva, y mejoraría la accesibilidad a la vivienda de los jóvenes y de los colectivos de rentas más bajas.
El derecho constitucional a la vivienda y el problema del crecimiento imparable de los precios, tiene solución siempre que se corrijan los problemas estructurales que nos han conducido a esta situación y se acometa un modelo de desarrollo que consolide nuestro tejido productivo y la creación de empleo estable.
Los trabajadores nos jugamos mucho. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y concluir un Pacto Social por la Vivienda en Madrid, que incluya el más amplio consenso en torno a una Ley del Suelo que impida la especulación inmobiliaria que amenaza con estrangular el desarrollo económico y social de la región.
Francisco Javier López Martín es secretario general de CC OO de Madrid.
