Un deseo general y creciente de que la investigación caiga en el olvido

Corre por la Hacienda de Vizcaya que cuanto más se complique el procedimiento, que cuanto más difícil sea encontrar un móvil, que cuantos más papeles se acumelen,... mejor. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha asegurado siempre que las actuaciones de los imputados han sido "personales". La idea desde el principio ha sido mantener a flote a la institución y que la "porquería no le salpique mucho". Ahora cuando el número de folios va creciendo, existe una esperanza de que pasada la primera oleada y visto que no existe un móvil político, ya que en la famosa lista de empresas aparecen personas de todos los colores, que las cosas queden en el olvido. Hay quien asegura que la estrategia es atascar el juzgado con papeles y reclamaciones que hagan imposible cerrar una acusación, y que el caso caiga en el olvido.

Todo empezó en octubre de 2002 cuando los responsables del Departamento de Hacienda detectaron las primeras irregularidades en la Inspección Fiscal. En noviembre del mismo año un informe de un funcionario de la Inspección Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción genera las primeras sospechas de esta institución, que un primer momento busca un móvil político, de financiación irregular o similar. En mayo de 2003 la Policía comunica la existencia de una investigación. Retira numerosa documentación y accede a la lista de contribuyentes protegidos. En octubre la fiscal Teresa Gálvez toma declaración, en calidad de investigados, al director de Hacienda y al subdirector responsable de la Inspección Tributaria. En diciembre, Anticorrupción ve indicios para acusar al Jefe de Inspección y deja libre de sospecha al director de Hacienda. En enero de 2004 el juzgado número 4 de Bilbao admite a trámite la querella de la Fiscalía y abre diligencias. Por fin en marzo de 2004, Bilbao niega haber sido informado de la investigación por el anterior equipo de Gobierno al que pertenecía.